La organización recordó que quince habitantes de la localidad de Palma Sola, cinco comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Guaraní y la CTA Jujuy han presentado un amparo ante la justicia jujeña que aún no se resolvió, donde cuestionan la falta de mecanismos de participación. “Cuestionamos que el POT fue aprobado por el Poder Ejecutivo de Jujuy mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 7465-P-2011 y lo remitió a la Legislatura pretendiendo dar cumplimiento al Artículo 32 de la Ley Nacional de Bosques que exige que el POT sea aprobado por ley”.

Destacó al central que el POT tiene como objetivo determinar las zonas boscosas que deben ser conservadas (no desmontadas) “pero para esto no se consultó a los habitantes del territorio involucrados. Según lo que aprobó el Gobierno –sostuvo- se habilita a que los propietarios zonifiquen su predio de manera que pueden cambiar la categoría de conservación establecidas en el POT. Así, se han detectado casos donde un predio ubicado en la categoría de conservación es habilitado a cambiar el uso del suelo, lo cual permite que casi la totalidad del bosque quede sujeto a ser desmontado”.