Se trata de un proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo hace más de un año que, en dos artículos, reclama a la Legislatura provincial la aprobación del “Plan de Infraestructura Edilicia” elaborado por la Corte y coordinado con el Ministerio de Justicia provincial, además de la declaración “genéricamente de utilidad pública” de “todos los bienes inmuebles ubicados en las zonas establecidas en ese plan"

Entre otras disposiciones, la iniciativa contempla “la programación de las obras de construcción o ampliación de edificios o complejos judiciales, y la expropiación de inmuebles”, entre otras disposiciones.

El acta del plan suscripto oportunamente por el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia, que divide las obras en función de las “prioridades” que existen en materia edilicia dentro del Mapa Judicial, tiene un monto estimado total de $ 2.363 millones que se invertirán en la “adquisición de inmuebles”; “obras de construcción” y “obras de recuperación”, según detalla el acta oficial.

Entre los distritos que cuentan con “prioridad 1” para el avances de las obras, aparecen Azul; Tandil; Bahía Blanca; Dolores; San Justo; La Plata; Berisso; Avellaneda; Mercedes; Moreno; Morón; Quilmes; Florencio Varela; San Isidro; Pilar; Tigre y San Martín, entre otros.

En algunos casos –aclara el acta elaborada por la Corte bonaerense- las obras “han sido iniciadas con anterioridad a la Ley” que declaró la Emergencia Edilicia en el ámbito del Poder Judicial.

Entre otras, las obras estipuladas como ‘prioridad 1’, en La Plata, aparecen: adquisición del Edificio de calle 54 Nº 590, proyecto de Pliego y Obras en el predio de calle 48 y 49 entre 3 y 4 (Ex Mercado) para un Fuero Civil; Laboral y de Familia, adquisición de un Terreno en Calle 50/49 entre 12 y 13 para el Fuero Civil y adquisición de un inmueble para el archivo Regional.

Además, el plan de trabajos elaborado por la Corte prevé, la compra, construcción, ampliación y refacción de inmuebles en Olavarría, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Dolores, Junín, San Justo (La Matanza), Banfield, Avellaneda, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, Florencio Varela, San Isidro, Pilar, Tigre, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Campana, Lanús, Escobar, Zárate, Tres Arroyos y Berazategui.

El entonces ministro de Justicia y hoy titular de la cartera unificada con Seguridad, Ricardo Casal, dijo en aquel momento y repite ahora que “es la primera vez en la historia del Poder Judicial que se planifica a 15 años en el crecimiento de infraestructura”, ya que se prevén tres etapas: de 2008 a 2011; de 2011 a 2020 y de 2020 a 2025. Aunque también había anunciado que a esta altura se iban a estar erogando alrededor de 157 millones de pesos, mientras que la ley aún está sin sancionarse.

El proyecto declara genéricamente de utilidad pública todos los bienes inmuebles ubicados en las zonas establecidas en el Plan.

Más allá que se trate de una inversión millonaria en momentos en que siguen previéndose déficit presupuestario y está sancionándose un endeudamiento para cubrir gastos corrientes, Casal aseguró en aquella oportunidad que “es un plan realizable y lógico”, y estimó que “lo único que puede necesitar ayuda financiera, seguramente con algún tipo de préstamo, son las ciudades judiciales”.

En tanto, los diputados aprobaron por un año más la prórroga de la emergencia edilicia del Poder Judicial bonaerense