La salida de la UTE conformada por las empresas Proa y Karpa, encargadas de llevar a cabo la construcción de más de 500 viviendas del Plan Federal en Villa Delfina, sigue generando dudas en la oposición.
Si bien siempre se habló del fin del contrato, nunca se conocieron mayores detalles hasta la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que se llevó a cabo el jueves. Allí se presentó la documentación que revelaba que la salida se había producido de “común acuerdo”. El concejal oficialista Santiago Mandolesi Burgos había explicado en Frente a Cano que “al no poder cumplir el contrato, ya que no pudo cuidar la seguridad en el predio, la empresa solicitó el fin del vínculo. En ese mismo momento, la Municipalidad había tomado una decisión en tal sentido”, remarcó.
Ante esta situación, desde el bloque de concejales de Integración Ciudadana opinaron que fue “todo raro”. “Resultó interesante el silencio y total falta de respuesta del bloque oficialista y sus aliados (Unión-Pro y Frente Renovador) cuando planteamos algunas cuestiones llamativas vinculadas a las obras del Plan Federal en Villa Delfina”, remarcaron en un comunicado de prensa.
Indicaron que la UTE Proa-Karpa planteó que no podía continuar la obra por la situación social derivada de las usurpación, a pesar de que la toma había finalizado el día anterior.
También indicaron que la empresa venía reclamando más de nueve millones de pesos por redeterminación de precios, y “sin embargo en el acta firmado con el Municipio (que no es un contrato de rescisión) aceptaron cobrar aproximadamente $4,50 millones y resignaron al resto”.

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