La apropiación de la empresa Mackentor y el secuestro y persecución de sus dueños, empleados y abogados, por orden del exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en 1977, no tuvo que ver sólo con motivos ideológicos, como se interpretó hasta ahora, sino con concretos intereses de negocios de la Junta Militar y de empresas con buenas relaciones con la dictadura que imperó en aquellos años en la Argentina.

Concretamente, la intervención de Mackentor habría sido ordenada por las autoridades militares y sostenida por la Justicia Federal para favorecer a la empresa Supercemento Saic, de Julián Astolfoni, uno de los dueños del emprendimiento Nordelta.

Lo anterior es lo que se denomina “la pista económica” del caso Mackentor y será ventilada en la audiencia del martes de la megacausa La Perla por el periodista Fabián García, citado como testigo por el querellante Juan Carlos Vega. García es el autor de un libro de investigación sobre el trasfondo de la “desaparición” de la constructora, que se presentará a principios del año próximo con edición de El Emporio Ediciones.

La causa Mackentor fue agregada al gran expediente La Perla el 15 de setiembre pasado. Esta semana desfilarán los testigos en el debate oral y público que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba. Según la instrucción, la dictadura militar se apropió de la compañía y la intervino (lo que la llevó finalmente a la quiebra) porque suponía que Mackentor “era sostén financiero de la subversión”. Mackentor fue ocupada militarmente el 25 de abril de 1977. Unos 27 trabajadores fueron secuestrados y llevados al centro de detención ilegal Campo de la Ribera, donde algunos permanecieron cuatro años. El dueño de Mackentor, Natalio Kejner, junto al abogado Gustavo Roca (el hijo de Deodoro Roca y un conocido defensor de presos políticos), se exiliaron en Venezuela hasta 1982. La causa tiene cuatro desaparecidos y desde Menéndez para abajo, hay decenas de imputados por abuso de poder, usurpación, allanamiento ilegal de domicilio, robo calificado, privación de la libertad y tormentos.  

¿A quién benefició?

La “pista económica” del caso Mackentor indica que “el gran beneficiado de la intervención fue la empresa Supercemento”, expresó García a LA MAÑANA.

Según su investigación, la firma había adquirido en 1973 tecnología norteamericana de punta para elaborar caños de gran diámetro para obras hídricas, con lo que se convirtió en competidora directa de Supercemento.

Esta empresa, creada en 1955, tenía hasta el momento el monopolio en el rubro, lo que la llevaba a estar presente en todas las obras pluviales, de cloacas, entubamientos y ductos en general del país. “Se armó la guerra de los caños”, graficó el periodista.

En 1973, todavía durante el gobierno constitucional de Juan Perón, Mackentor ganó la licitación de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para la ejecución del segundo acueducto Villa María-San Francisco, de 164 kilómetros de extensión, con un presupuesto de 7,8 millones de dólares.

Por primera vez, Supercemento quedaba fuera de una obra hídrica. Según García, OSN comenzó a objetar los caños que iba instalando Mackentor, elaborados por su propia empresa. “Eso creó mucha tensión” con el organismo nacional que entonces estaba a cargo del ingeniero Marcos La Greca. 

¿La compra hostil estaba en marcha?

En 1974, agrega García, comenzaron las presiones de Astolfoni a Kejner para que éste le vendiera a Supercemento la “unidad de negocios caños”.

“No hay lugar para dos productores de caños”, le habría dicho el empresario de Nordelta, y le habría propuesto que Macketor se quedara solamente con la parte “civil” del acueducto. No hubo acuerdo. Kejner tenía una concepción empresarial que chocaba con el dueño de Supercemento.

Creía en la necesidad de robustecer lo que se denomina “burguesía nacional” y de hecho había renunciado a integrar la Cámara Argentina de la Construcción, de probados lazos y sintonía con la dictadura que encabezaba Jorge Rafael Videla.

Presionado por Obras Sanitarias y sus objeciones y tras varios encuentros con Astolfoni, Supercemento logra que Kejner le venda “los caños” de Mackentor. El traspaso se hizo en 1975, por 2,4 millones de dólares, a pagar hasta 1977.

Lo siguiente fue la intervención militar de la empresa, en abril del 77, en plena dictadura militar, con el argumento de que financiaba a Montoneros. El operativo se hizo en cuatro provincias en simultáneo y Menéndez designó al coronel Rodolfo Batistella como interventor. Fue el propio Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas, en 1980, el que cerró la causa por no encontrar pruebas de la acusación.

La saga continúa en agosto de 1977, cuando Obras Sanitarias de la Nación rescinde el contrato con la intervenida Mackentor por la construcción del acueducto Villa María-San Francisco, con el argumento de la “subversión económica” que Menéndez repitió en la audiencia del TOF2, la semana pasada. Un año después, en 1978, el acueducto es adjudicado a Supercemento, que finaliza la obra en 1988.

“Supercemento se quedó primero con la fábrica de caños de Mackentor y luego con el acueducto que había ganado”, sintetizó García a este diario y agregó que la empresa de Astolfoni “usó la plata del acueducto para pagar la fábrica a Mackentor, aunque no se sabe si la pagó totalmente o no. Lo cierto es que no fue una inversión de riesgo sino atada a la obra ya acordada”.

Fuera de juego

Antes de intervención, Mackentor era la principal constructora de obras viales del interior del país. La 

intervención militar y luego judicial (el fallecido juez Zamboni Ledesma mantuvo el statu quo pese a que el Consejo de Guerra de las FF.AA. había abandonado la teoríadel “sostén financiero” a la guerrilla) llevó a la empresa a un camino que derivó en su quiebra.  

Mackentor dejó de participar en licitaciones de importancia y ya no obtuvo obras de magnitud; se descapitalizó y perdió capacidad operativa. “En el año 1999 quebró por las costas del juicio que perdió contra el Estado nacional”, comentó García. Demandó al Estado por la intervención ilegal, perdió el juicio y las costas millonarias obligaron a Natalio Kejner a cerrar las puertas de la fábrica.

Si la “pista económica” se prueba en el juicio, también se fortalecerá la idea de que la dictadura que comenzó con el golpe de estado de 1976 fue “cívico-militar” y tuvo aliados activos en el mundo empresarial. En ese sentido, cualquier semejanza entre la causa Mackentor y el “caso Graiver”, con el traspaso compulsivo de las acciones de Papel Prensa a los diarios Nación, Clarín y La Razón podría no ser mera coincidencia. De la Fiscalía dependerá si se avanza o no en nuevas imputaciones dentro del mundo empresario, donde se juegan nombres poderosísimos.