Ese magistrado acostumbrado a emitir fallos que los desconfiados de siempre interpretan como mensajes de fidelidad al poder llegó al Juzgado de Instrucción de la III Nominación de esta capital gracias –exclusivamente- al dedo del contador que gobierna la provincia desde 2003. Aquella potestad 100% discrecional fue diseñada por el ministro Edmundo Jiménez luego de la disolución del Consejo de la Magistratura limitado que había hasta entonces. Dicho mecanismo (descartado en 2006) fortaleció la capacidad de influencia de su creador en el crítico-sensible-delicado fuero penal y rindió frutos enseguida: siete meses después de jurar en el cargo, Pisa sobreseyó a todos los involucrados en “PIBE”, pesquisa que pretendía dilucidar presuntas irregularidades en la contratación de publicidad oficial durante la gestión de Julio Miranda y que involucraba a la hoy primera dama Beatriz Rojkés.

A aquel debut en la definición de causas con repercusión política le siguió el archivo de una denuncia del José Cano legislador (UCR) contra Gasnor por el supuesto pago de un soborno de $ 900.000 a autoridades del Ministerio de Economía. En su denuncia, el opositor sostenía que, a cambio, la compañía había obtenido la revocación de la resolución de Rentas que la obligaba a pagar $ 11 millones por una deuda del impuesto de sellos. La decisión de archivar acarreó para Pisa el mal trago de ser tratado como el paradigma de la parcialidad judicial, pero, más adelante, fue la propia Justicia la que advirtió la existencia de una opinión “preformada” en el magistrado cuando decidió apartarlo de la causa “Marchese” por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, retoño del ministro Jorge Jiménez.

Las críticas no lograron, sin embargo, torcer el perfil de juzgador pro oficialismo que cultivó Pisa, cuyos hijos Matías y María de la Paz fueron designados discrecional y respectivamente en el Tribunal de Cuentas y en la Justicia. Así, el juez dispuso en 2008 el sobreseimiento del ex interventor Mario Koltan en otra investigación iniciada a instancias de Cano, esta vez por posibles irregularidades en la gestión de los intereses del Instituto de Previsión y Seguridad Social. Y dos años después declaró -aduciendo razones formales- la nulidad del requerimiento que le solicitaba abrir una investigación jurisdiccional en “Funsal”, proceso que implicaba a Pablo Yedlin, ministro de Salud de Tucumán. En 2011, la fiscala de Instrucción requirente, María de las Mercedes Carrizo, dio un giro terminante y clausuró el asunto como quien se desentiende de una bagatela más.

Idéntico modus operandi adoptó Pisa el 2 de junio pasado respecto de la solicitud para que investigue a Carlos Albaca, el incinerado ex fiscal del caso “Lebbos”. Ese requerimiento nacido del sumario que ordenó la Corte Suprema había sido planteado por Carlos Sale luego de que nueve de sus compañeros del Ministerio Público se inhibieron de intervenir en la especie -en algunos supuestos, con argumentos insostenibles en el plano jurídico-. La resolución de nulidad que firmó Pisa es, en ese sentido, el enésimo acto de corporativismo favorable al funcionario constitucional acusado de haber generado las condiciones para la impunidad del crimen que mayor disgusto causó a este Gobierno. Cuando parecía por fin despejado el camino tortuoso que impide esclarecer la responsabilidad penal de Albaca, Pisa puso un nuevo reparo que alivia -otra vez- a quienes podrían ser arrastrados por el fiscal caído en desgracia y acrecienta la percepción de que toda fidelidad al poder resulta siempre insuficiente.