Luego de darse a conocer que en las 43 hectáreas usurpadas en el barrio Pirayuí sólo cabrían lotes para unas 962 familias de las 1.500 que hay actualmente en el predio, los delegados independientes del asentamiento señalaron que intentarán gestionar que aquellos que no accedan a los lotes puedan ser reubicados en los terrenos de Santa Catalina, donde el Municipio capitalino acordó la donación de unas 400 hectáreas al Gobierno de la Provincia para la construcción de viviendas. Asimismo, los ocupantes aguardan respuestas a las propuestas de contraoferta presentadas a los dueños de los terrenos.

Esta semana se cumplirán 3 meses de la ocupación de los terrenos, donde inicialmente unas 2 mil familias se asentaron con carpas, chozas y precarias casillas en 43 hectáreas cercanas a las 50 viviendas del barrio Pirayuí.

"En las negociaciones que se plantean, buscamos llegar a un acuerdo con los empresarios para pagar cuotas mensuales de 100 pesos de piso y 300 pesos de techo por familia dependiendo de sus posibilidades económicas, aunque según los estudios sabemos que en las 43 hectáreas sólo caben unos 960 lotes, por lo que no descartamos que la gente que quede afuera sea trasladada a los terrenos de Santa Catalina"; expresó a El Litoral la delegada independiente del asentamiento del Pirayuí, Eli Escato. "Vamos a gestionar y buscar la posibilidad de que las familias que quedan sin lugar sean reubicadas en otro lugar", añadió.

Vale destacar que la semana pasada los delegados okupas acordaron con el mediador oficial Alejandro Botini continuar con las gestiones y negociaciones con los propietarios de los terrenos usurpados que son encaradas por la Justicia. En ese marco, el negociador hizo entrega de una contrapropuesta donde los okupas manifestaron su intención de pagar entre 100 y 300 pesos mensuales por los terrenos de 10x30 metros.

Las negociaciones con las empresas inmobiliarias se encuentran avanzadas y posteriormente analizarán junto al Municipio la provisión de servicios como agua, luz y cloaca, una vez que los terrenos sean declarados zonas urbanas.

Por el lado de los okupas más cercanos al líder piquetero Raúl Castells, señalaron que intentarán encontrar una solución para fin de año, aunque no descartan continuar la senda de gestiones con la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat, la cual propuso plazos de entre 2 y 3 años para la adquisición de los terrenos y la correspondiente provisión de servicios, plazo considerado muy extenso por los ocupantes.