El mediador oficial, Alejandro Botini, confirmó a El Litoral que las empresas inmobiliarias “están dispuestas a ponerse de acuerdo en ofertarles esos terrenos ocupados a valores sociales”, reveló ayer.

Tal como se anticipó en la edición de ayer, para las 13 de hoy, está prevista una reunión entre Botini y los 25 delegados que representan a las familias de los distintos asentamientos.

El negociador precisó que “allí hay más de 1.200 familias y esa información la obtuve de la lista que elaboró Raúl Castells para la presentación ante Legislatura, del proyecto que planteaba la expropiación de esas tierras”, señaló antes de revelar que “la información oficial que obra en poder de la Justicia da cuenta de unas 600 familias nada más”.

Por estas horas, “las dos inmobiliarias, tanto Urbano como Guaraní, están en plena elaboración de una propuesta única para acercar a la gente del Pirayuí, con lo cual estimo se va a llegar a un principio de solución para este drama”, enfatizó.

Precisó además que “ahí existe gente que gana 500 pesos al mes y otros que perciben sueldos de hasta 5 mil pesos, lo cual te da una idea de la diversidad”.

En ese sentido, destacó que “lo que quedó en claro con el correr del tiempo es que nadie fue a meterse con fines políticos. Son 1.200 voces que plantean cosas distintas, no cuentan con un discurso unificado y por eso, las negociaciones a veces se tornan difíciles”, destacó. “Hay también algunos que no me creen y eso es normal en un universo de tantas personas”, indicó.

Sobre las propuestas que acercarán a los vecinos comentó que “todavía no obra en mi poder ninguna oferta concreta con los valores de esos terrenos, pero según me explicaron, quieren que la presentación sea lo más transparente posible”.

El Municipio

Ahora bien, la propuesta no quedará entre los vecinos y las inmobiliarias. Será también igual de importante la postura que adopte el Municipio, que deberá declarar estos espacios como terrenos urbanos para que la transacción pueda concretarse sin inconvenientes. El Estado comunal es la tercera pata de esta negociación.

Cabe señalar que las inmobiliarias ya habían presentado una propuesta para que esos espacios sean declarados zonas urbanas y de esa manera proceder al loteo de terrenos.

Desde el Concejo Deliberante rechazaron la iniciativa por la imposibilidad de garantizar los recursos básicos, como ser el acceso al agua potable, cloacas y energía eléctrica.