Caleta Olivia (agencia)

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, José Córdoba, estuvo ayer hasta cerca de las 3 de la madrugada en Pico Truncado, junto al intendente Osvaldo Maimó, esperando el resultado de una asamblea de desocupados de esa localidad que debían responder a las alternativas de propuestas gubernamentales.

Pero los supuestos 130 desocupados de la zona no presentaron un listado formal y además el titular de la cartera política provincial observó que en el acceso por la ruta 12 no había más de diez manifestantes y en el otro corte, a la altura del Bridasaurio (ruta 43 que lleva a Las Heras), el número no superaba los 40, algo que constató tanto cuando llegó como cuando se retiró de esa localidad.

Córdoba habría sido claro con los manifestantes: el gobierno no puede garantizar puestos en las empresas petroleras, pero sí canalizarlos a través de la minería y, de hecho, en la zona hay gente de Minera Santa Cruz inscribiendo a postulantes.

Además, les solicitó una semana de plazo hasta tanto el gobernador Daniel Peralta gestione personalmente en Buenos Aires nuevas obras de construcción para tener otras alternativas laborales.

Incluso se les ofrecía temporariamente una ayuda económica de 1.840 pesos mensuales a cambio de una contraprestación laboral (tareas comunitarias u otras), pero los desocupados de Truncado, a través de sus voceros, solicitaron que esa suma se pague en forma quincenal.

Córdoba les dijo que ello no era posible porque se estaría tergiversando un programa de ayuda que se ofrece a otras personas en la misma condición. El ministro se cansó de esperar la respuesta de la asamblea y luego de las 3 de la madrugada retornó a Caleta Olivia.

Lo cierto es que ayer a las 16 los desocupados decidieron no aceptar las propuestas gubernamentales y volvieron a cortar inmediatamente la ruta, la que recién a eso de las 19 liberarían algunos minutos para particulares, pero nunca para la flota petrolera.

A todo esto, en Las Heras no había dificultades en la ruta 43 en dirección a Perito Moreno y Los Antiguos, pero persistían los bloqueos en los caminos de acceso a yacimientos e instalaciones petroleras por parte de docentes y se aguardaba las resoluciones que pudieran adoptarse en otro congreso provincial del gremio que los nuclea, ADOSAC.

SUBIDIOS Y RECIEN LLEGADOS

El otro frente de conflicto generado por los 70 desocupados apostados en el acceso suroeste de Caleta Olivia, también es inestable en lo que hace al corte de la ruta 12.

En principio aseguraron que para evitar caer en “provocaciones” resolvieron liberar el tránsito para vehículos particulares hasta mañana a la mañana, pero mantienen la prohibición de paso a los petroleros. Además, disponen de un piquete adicional en la ruta 3, a la altura del basural municipal.

En ese grupo, según comentó ayer a Diario Patagónico el ministro de Gobierno, el listado disponible permitió establecer que varios de ellos estarían cobrando un subsidio mensual que canalizaron a través de la UOCRA, por lo cual se ha solicitado a la dirigencia de ese gremio un informe pormenorizado dado que la provincia no está dispuesta a superponer otro beneficio económico.

Pero además se habría constatado que al menos una veintena provienen de otras provincias y solo tienen pocos meses de residencia en Santa Cruz, por lo cual sus reclamos laborales no se ajustan a las normativas que se exigen en este Estado.

VIGILADORES NO CEDEN

Por otro lado, contrariamente a lo que ellos mismos estimaban, los trabajadores de empresas de vigilancia de yacimientos disidentes del gremio de ese sector laboral, no lograron aún sus objetivos que posibiliten abandonar el bloqueo en la base operativa de Sinopec (ex Oxy) y en la planta deshidratadora de YPF (ambas en Cañadón Seco), además del acceso al yacimiento Huemules, cerca de Kaike.

El viernes, antes de dirigirse hacia Pico Truncado, el ministro José Córdoba y el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, se reunieron en un hotel de esta ciudad con referentes de las operadoras Sinopec e YPF y de las empresas que se ocupan de la vigilancia de yacimientos.

En ese marco, según se supo de varias fuentes, no se llegó a un acuerdo en lo que respecta a la manera en que se hará el reencuadramiento de los trabajadores y además aún está por verse la posibilidad de que se les pague el bono de 25 mil pesos que se otorgara a los petroleros. No obstante, los propios manifestantes creen que todo es cuestión de días y que mañana surgirán importantes novedades.

Señalaron incluso que el ministro de Gobierno había solicitado a la jefatura de Policía de la Zona Norte que haga una inspección de las instalaciones bloqueadas y que además verifique si se respetan las condiciones de higiene y seguridad e incluso si el personal afectado a esas tareas porta armas cuando realiza sus tareas habituales.