Si la designación del ex comisario mayor Jorge "Fino" Palacios al frente de la Policía Metropolitana unió a la oposición parlamentaria, el reciente anuncio sobre su intervención para impedir los cortes de calle cosechó la respuesta unificada de cincuenta movimientos sociales, organizaciones políticas, barriales y estudiantiles de la ciudad de Buenos Aires. Todos esos grupos marcharán este jueves, por primera vez, a las 17 desde el Obelisco, por Diagonal Norte, hasta la sede del gobierno porteño para protestar contra la designación del policía y contra el anuncio de represión al piquete. Pero también para repudiar la existencia de la Unidad de Control del Espacio Público, la repartición dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que ha sido acusada de "intimidar y golpear a hombres, mujeres y niños que terminan viviendo en situación de calle por la crisis habitacional".

Las organizaciones, nucleadas en la Coordinadora de Lucha de la Ciudad, recordaron que "ya son más de 15.000 las personas en la calle y que en sólo un año hubo 113 muertes como consecuencia directa de esa situación y del abandono total por parte del gobierno".

Aunque la mayoría de los movimientos y organizaciones de la ciudad vienen planteando su preocupación por la existencia de esta repartición desde el año pasado, la designación de Palacios desató la organización unificada para la marcha de hoy. La Coordinadora recordó que "Palacios es un siniestro personaje imputado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tuvo un papel clave en la represión del 20 de diciembre de 2001 y fue asesor de la policía neuquina que fusiló a Carlos Fuentealba". Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el anuncio del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, de que la nueva policía se encargará de impedir los cortes de calles en la ciudad. Para todas las organizaciones, se trata de una extensión de las polémicas atribuciones de la UCEP, especialmente en lo referido a los desalojos, donde la nueva "Metro" jugará un papel crucial.

En diálogo con este diario, Montenegro explicó que "en este caso hay dos derechos, como el de expresarse y de circular, que no se contraponen sino que se complementan. El Estado tiene la obligación de cuidar al resto de la gente para que pueda trabajar y circular". Agregó que las autorizaciones previstas en el artículo 78 del Código Contravencional no son para saber si una manifestación nos favorece o no, sino para decirle a la gente dónde desviarse". Las organizaciones que marcharán esta tarde respondieron que "la sociedad no necesita más policía corrupta, sino salud, educación, trabajo, vivienda digna, para todos".

CUATRO MILLONES DE PESOS EN ARMAS. El gobierno porteño compró más de 850 pistolas y 120 armas largas de origen italiano para los primeros agentes de la Policía Metropolitana. La adquisición fue por un costo de 4 millones de pesos y fue resuelta por contratación directa el miércoles 22 de julio a través de la Resolución 778 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que fue publicada en el Boletín Oficial la semana pasada. Los revólveres Beretta PX4 Storm y las escopetas marca Benelli fueron comprados a Trompia S.R.L., la empresa rosarina que tiene la representación para América Latina de este armamento. Según explicó una alta fuente del gobierno porteño, "la contratación directa se revolvió por una cuestión de urgencia, ya que necesitamos tener estas armas antes de octubre, cuando salgan los primeros agentes". Las armas fueron seleccionadas por el subjefe de la Metro, el ex comisario federal Osvaldo Chamorro.