Gabriel Brito fue el primer aportante a la campaña presidencial de Cristina Kirchner que reveló la trama oscura que une la recaudación política con la mafia de los medicamentos. Este empresario de la salud cordobés sostuvo que el cheque con su nombre que figura donando 310 mil pesos al Frente para la Victoria fue cubierto en realidad por Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, procesado como jefe de una asociación ilícita que adulteraba remedios de alta complejidad. Brito está quebrado económicamente y es un hombre que sabe mucho más de lo que dijo. Sin su libertad, podría revelarlo todo esta semana cuando declare ante el juez Norberto Oyarbide como acusado de supuesta extorsión a financieras vinculadas al lavado de la plata de los remedios truchos.

En un principio, Brito había buscado canjear su silencio por plata o por trabajo. Así consta en las decenas de mails que envió a los apoderados de la campaña 2007, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, advirtiéndoles que si no recibía ayuda, contaría la verdad. "No quiero perjudicar a nadie como lo hicieron ustedes. Por eso, y por más que digan que estoy loco, hay cosas que se pueden probar o alguien lo hará en mi nombre", escribió. Sin respuesta, su embestida llegó a los medios cuando dio la cara relatando cómo Lorenzo lo llevó personalmente hasta la oficina de quien era el superintendente de Servicios de Salud y recaudador K, Héctor Capaccioli, para confirmar ante escribano el reconocimiento del aporte que jura no haber hecho.

Con esa reunión, que luego fue confirmada por las miles de escuchas que constan en este expediente, Brito mostró por primera vez la innegable relación entre Capaccioli y el principal imputado de una mafia que vendía medicamentos para sida, cáncer y hemofilia, adulterados y vencidos.

La conexión entre los aportes de campaña y el negocio negro de los medicamentos truchos existe desde el comienzo en la megacausa que tiene Oyarbide. En un allanamiento de 2008, el magistrado encontró en la casa de Lorenzo, una carpeta que tenía en su interior los recibos de donaciones a la carrera presidencial de Cristina por casi un millón de pesos. Todos estaban a nombre de otras personas o sociedades. Una era Global Pharmacy, de Brito y los otros pertenecían a Julio César Posse, un ex espía de la Side; a Carlos Torres, socio de Lorenzo, y a otra empresa vinculada a ellos, Multipharma.

Brito se fue mostrando cada vez más desesperado frente a la falta de respuestas y de dinero. Se presentó varias veces en el juzgado de Oyarbide para ofrecer información como testigo pero nunca lo atendieron. Sabían que más temprano que tarde lo llamarían para imputarle hechos de extorsión y participación en la asociación ilícita liderada por Lorenzo, por su rol de auditor de medicamentos a través de la quebrada Global Pharmacy.