El pedido, realizado a través del abogado David Leiva, se hizo en el marco de la segunda causa por este hecho, cometido el 6 de julio de 1976 y por el que ya fueron condenados a reclusión perpetua (en diciembre de 2.010) los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, y Hugo César Espeche.

Aunque la investigación del fusilamiento de once presos políticos en las cercanías de la localidad de Palomitas se rige por el viejo código de procedimientos en materia penal y por lo tanto es escrito, el alegato de Leiva fue verbal merced a que el juez Federal Nº 1, Julio Leonardo Bavio, hizo lugar a un pedido en tal sentido de parte de esta querella.

Este fue el último alegato incorporado al proceso. Según se informó, ya se presentaron los alegatos del fiscal Federal Domingo Batule y de los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , a cargo de Martín Avila, y de otros familiares de las víctimas, a cargo de Tania Kiriaco. En cambio no se presentó ningún alegato por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de María Silvia Pace, que a partir del 10 de diciembre asumirá en el Ministerio de Derechos Humanos.

Leiva comenzó ayer su alegato con un homenaje a las once víctimas: la docente Celia Leonard, que militó en la Juventud Universitaria Católica y luego en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su esposo Benjamín Avila, que fue seminarista, adoptó la Teología de la Liberación y luego militó también en el PRT; Georgina Droz, docente de la Universidad Nacional de Salta, militante de la JP ; Pablo Outes, que fuera diputado provincial por la UCR y luego militó en el PRT, igual que Roberto Oglietti y que la arquitecta María del Carmen Alonso, que integró el equipo de Gobierno del intendente Gerardo Bavio.

También militaban las otras víctimas: Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger, su esposa María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta y José Povolo. “Las víctimas de Palomitas tenían un compromiso con su país y con su época, y ese fue el motivo de su muerte”, aseguró el abogado. Añadió que no fueron elegidas al azar, sino dentro del plan sistemático de eliminación de la oposición y para infundir el terror.

Durante dos horas Leiva desgranó los fundamentos de su pedido de condena. En el caso de Menéndez, recordó que como jefe del III Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba, tenía jurisdicción y responsabilidad sobre lo que ocurriera en Salta, como el propio militar lo reconoció, en un escrito presentado en este proceso.

Sobre Guil, recordó que como director de Seguridad de la Policía de Salta tenía facultades para autorizar reuniones políticas, que entre sus obligaciones se contaba la represión de la subversión y que, de acuerdo a los dichos del policía Guillermo Adolfo Chávez “era como un dios, nada se oponía a él”. Afirmación que fue ratificada por otros testigos, entre ellos el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa, el ex jefe de Policía Luis Yago de Grazia y el diputado nacional Marcelo López Arias.

Leiva aseguró que Guil estuvo en los preparativos de la masacre y que “dispuso el encubrimiento” de este hecho.