Con varios pedidos de perpetua finalizaron los alegatos de la parte acusadora en el juicio oral a cinco policías detenidos por secuestrar, torturar y matar a Daniel Migone en el calabozo de contraventores de la comisaría Novena de La Plata (hecho ocurrido en noviembre de 2008 en la seccional de 5 y 59), la misma donde hace dos décadas torturaron y mataron al estudiante de periodismo Miguel Bru. Tres de los acusados recibieron doble pedido de perpetua. La mujer acusada recuperará la libertad al finalizar el debate. Este martes alegarán las defensas. Varios veedores sociales presenciaron la jornada.

El fiscal de juicio Martín Chiorazzi fue quien abrió el fuego acusatorio. En su detallada exposición sostuvo que está probado que en la seccional no se registró en el libro de guardia el ingreso de Migone ni se comunicó a los “funcionarios judiciales competentes” la presencia de quien luego aparecería muerto. Según el relato policial se trató de un suicidio, pero una pericia forense realizada por peritos judiciales determinó que fue asesinado. Para el fiscal, la víctima estuvo “ilegalmente detenida en una dependencia pública”.

También aseguró que el hombre fue blanco de una “feroz golpiza” luego de reclamar insistentemente a gritos y patadas en la puerta metálica del calabozo “saber por qué estaba detenido”. Para el fiscal, Migone fue estrangulado mediante “método de apalancamiento”, es decir, lo tomaron del cuello por la espalda, comprimieron su garganta con un antebrazo y murió.

Luis Díaz Zapata, uno de los acusados, fue apuntado como el autor material del crimen mientras que sus camaradas Daniel Guillermo Espósito y Carlos Ariel Tolosa fueron ubicados en el rol de coautores funcionales. Los tres fueron acusados de torturas seguidas de muerte y sobre quienes recayeron los pedidos de perpetua.

Por su parte, el jefe de turno de la seccional, capitán Marcelo Fabián Falcón, y la oficial María Valeria Maciel, están acusados de omisión de evitar las torturas seguidas de muerte. Sobre el primero recayó un pedido de pena de 10 años, mientras que la mujer tiene un planteo de pena de seis años y seis meses. Como agravantes de la condena el fiscal valoró en relación a Díaz Zapata el total control de la situación y el intento de lograr la impunidad simulando un escenario suicida. Ésta última agravante también fue enrostrada a Espósito y Tolosa.

Sobre Falcón se valoró su máxima responsabilidad en la dependencia ya que era el jefe del turno y no notificó lo sucedido ni a la fiscal de turno ni al entonces titular de la dependencia, capitán Claudio Jaidar.

Por último, a Maciel se le reprochó no haber cumplido con sus funciones de oficial de servicio, entre ellas, recorrer los calabozos. La acusada lleva más de seis años detenida y ante el pedido de condena más leve, su defensor particular Darío Saldaño pidió la excarcelación ya que tendría cumplida la condena según los cálculos del profesional. El planteo deberá ser resuelto por los jueces.

Secuestro. La familia Migone es patrocinada por la Asociación Civil Miguel Bru (AMB) mediante el letrado Fabio Villaruel quien coincidió parcialmente con la acusación oficial. Para esa parte los acusados Díaz Zapata (alias “Hitler”), Falcón, Espósito y Tolosa deben ser condenados por “privación ilegal de la libertad y muerte por medio de torturas”, ampliación de acusación realizada durante el debate.

En esa línea argumental el particular damnificado (figura legal con que las familias de las víctimas impulsan el proceso penal con asesoramiento letrado) reclamó que los cuatro hombres sean condenados a perpetua, y coincidió con la acusación a la oficial Maciel y el pedido de pena.

Villaruel sostuvo que los acusados intentaron acusar a Migone de tres robos que no había cometido. “Esta gente planta muchas cosas, también plantan imputados y a Daniel lo plantaron”. También aseveró que “todos” los policías hombres acusados “sabían lo que estaba pasando.”

“El caso de Daniel trascendió porque murió, pero las cárceles están llenas de pibes purgando penas por picardías”, graficó a los jueces a quienes les solicitó que más allá del resultado, se oficie al Ejecutivo bonaerense para que se enteren de cómo son los manejos internos en las comisarías. “En cualquier dependencia del Estado los empleados marcan tarjetas, son filmados por cámaras de seguridad, están controlados, y en las comisarías eso no pasa”, se quejó en el tramo del alegato con una mirada social sobre los roles de Estado y justicia.

Presencias. En el juicio moral en curso una vez más se juzga el accionar policial y sus prácticas violentas hacia personas privadas de su libertad. Desde el inicio de la causa, la familia Migone fue acompañada por organizaciones sociales, funcionarios y profesionales particulares.

En la audiencia de este lunes sumaron su apoyo y oficiaron de veedores sociales el defensor oficial Julián Axat; el ex preso político Juan Scatolini; Luis Basualdo en representación de familiares de víctimas; el ex titular del Comité Provincial contra la Tortura, Roberto Cipriano y Gustavo Jaramillo, titular de Familiares de Víctimas del Sistema Carcelario (Favisic).

El juicio se reanudará este martes 18 de junio a las 8:30 con los alegatos de las defensas. Luego será el turno de las réplicas y finalmente los acusados tendrán la posibilidad de decir las últimas palabras antes que los jueces se retiren a deliberar.

El caso. El 10 de noviembre de 2005 Daniel Migone murió dentro de un calabozo en la comisaría Novena de La Plata. Fue detenido a las 23.40 acusado de robos reiterados e ingresado a la comisaría. Una hora después la policía lo llevó al Hospital San Martín porque supuestamente “agonizaba” tras intentar matarse, aunque luego los médicos acreditaron que ingresó muerto, según figura en el expediente.

Se sospecha que personal policial montó una escena alterando las pruebas y dijo que se había suicidado con su campera de jean pero la autopsia arrojó un informe que no se correspondería con ese relato y abrió la hipótesis que Migone habría sido torturado hasta la muerte.

En un principio la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal 5, entonces a cargo de Leila Aguilar, pero luego de tres años, la familia de Daniel y la Asociación Miguel Bru (AMB), recusaron a la funcionaria por considerar que con su accionar favoreció la impunidad policial. Entonces la causa pasó a manos de los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri. Los funcionarios la elevaron a juicio con los cinco ex policías involucrados por las torturas seguidas de muerte, “sin que se haya avanzado en la investigación y sin disponer una sola medida de prueba de las ofrecidas por la familia y la entidad patrocinante, ni agregar aquellas pruebas ordenadas por su antecesora”, explicaron desde AMB.

El debate está a cargo de los jueces Juan Carlos Bruni, Emir Alfredo Caputo Tártara y Ernesto Domenech, por la secretaría de Mariana Arreche. El fiscal de Juicio es Martín Chiorazzi y la familia de la víctima es representada por el letrado Fabio Villarruel.