Lo hizo al considerar que “los delitos de los que se lo imputa en la requisitoria fiscal, tienen penas en caso de ser condenado, que exceden las posibilidades de una eximición de prisión, porque son penas de cumplimiento efectivo”.

La magistrada se apoyó en el dictamen del fiscal Carlos Rodríguez que se había pronunciado en contra de otorgarle al letrado el beneficio de la eximición de prisión anticipada, argumentando que “su imputación es por considerarlo autor u organizador de una asociación ilícita, según el artículo 210 del Código Penal”, que tiene una pena mínima de 5 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable, lo que supera el máximo de 3 años para penas excarcelables.

Por eso, la jueza que entiende en el caso de las multimillonarias expropiaciones que se supone que pudieron haber sido conseguidas cuando un grupo de abogados, funcionarios y jueces se pusieron de acuerdo para cometer el delito de “fraude a la Administración Pública en grado de estafa y tentativa de fraude en grado de estafa”, por lo que son imputados la mayoría de los 11 involucrados hasta ahora, salvo aquellos que trabajaban en el Estado, para quienes se les agrega la imputación de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

En el caso de Horacio Alday, como en el de Santiago Graffigna, la requisitoria fiscal les endilga el rol de organizadores, jefes o autores de la supuesta asociación ilícita, porque supone que fueron quienes convencieron a los demás de producir expropiaciones en 105 casos considerados irregulares, donde en algunos se pagaron fuertes indemnizaciones y honorarios y en otros que aún no fueron pagados por el gobierno y que en total superarían largamente la cifra de los 1.000 millones de pesos, entre los que se encuentran los casos más resonantes del Parque de Mayo, el Canal Benavidez y el Dique Cuesta del Viento en Iglesia, además de veredas del radio céntrico por las que se cobraron varios millones de pesos.

Indagatorias

Ayer fueron llevados ante la jueza Rosselot, los ex miembros titulares del Tribunal de Tasaciones Pedro Basani y José Moreno, quienes se abstuvieron de declarar.

El primero de ellos, sufrió una descompensación y una crisis de nervios mientras escuchaba las imputaciones que pesan sobre él, lo que le impidió prestar declaración y se debió retirar de la sala.

Su abogado, Franco Montes, sostuvo que “toda la familia (de la que forma parte) está en una gran pesadilla” y garantizó que “Basani es un hombre de trabajo, honesto y que nunca se quedó con nada” y confirmó que la jueza le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria.

Por su parte, José Moreno, que en la causa es defendido por la doctora Naveda, escuchó las imputaciones y se negó a declarar, haciendo uso de sus derechos constitucionales.

Hoy la serie de indagatorias continuará con la presencia del quien era presidente del Tribunal de Tasaciones, Joaquín Fernández y luego con el empleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz.

Fiscal

Ayer, en el transcurso de las audiencias, el fiscal Carlos Rodríguez le pidió a la jueza Rosselot que no le otorgue la excarcelación a los detenidos el viernes pasado “hasta que no presten declaración indagatoria la totalidad de ellos”.

Esta posibilidad está contenida en la legislación para quienes tengan imputaciones con penas que no sean de cumplimiento efectivo, es decir menores de tres años de prisión.

Según el fiscal, la idea es “básicamente cuidar que no se vaya a producir una interferencia en el proceso, como puede ser una filtración de información u ocultamiento de pruebas”.

La excarcelación es un beneficio que ya pidieron todos los que declararon, incluso algunos que aún no lo hacen, como el caso de la ex jueza civil Rosalba Marún de Sobelvio.

Recusaron a la jueza y piden su apartamiento

Ayer a última hora, el abogado Cayetano Dara, defensor de la ex jueza Rosalba Marún de Sobelvio, recurrió con causa a la jueza María Inés Rosselot y le pidió que se aparte de la investigación por el caso de las expropiaciones.

El letrado fundó el pedido de apartamiento de la jueza, en “razones legítimas para dudar de vuestra independencia e imparcialidad” en el tratamiento de la causa que tramita y por la que Marún de Sobelvio está detenida.

La argumentacion de Dara, se basa en que “hay un hecho cierto de la dependencia económica y hasta funcional” de la jueza “con la parte denunciante y con la parte querellante, por el hecho de que “percibe haberes del Estado provincial”.

Por otro lado, el defensor sostiene que la jueza la mando a detener “basada en el Requerimiento de Instrucción formulado por el Ministerio Público Fiscal, a pesar que el mismo no estaba ni está firme como para ser tomado como fundamento para ordenar, y mucho menos ejecutar”, la detención.

Se refiere a que el pedido de nulidad el requerimiento fiscal que está en la Cámara, no ha sido resuelto aún.

Dara explica que para él y su defendida, el accionar de la jueza “ha roto la igualdad de las partes en el proceso, conculcando de un modo por demás arbitrario e ilegal tanto el principio de inocencia, el derecho de defensa y al debido proceso”.