El STJ pidió informes al Ejecutivo sobre el proyecto de Ciudad Cívica

El STJ pidió informes al Ejecutivo sobre el proyecto de Ciudad Cívica
El máximo tribunal chaqueño debe resolver sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley que expropió los terrenos de la extextil Abraham para destinarlo a la construcción de la nueva sede del poder Legislativo del Chaco.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco pidió informes al gobernador Jorge Capitanich sobre el llamado a licitación para la generación de proyectos y construcción de la Ciudad Cívica que albergará a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es en el marco de la acción de amparo por la cuál el máximo tribunal debe resolver si ratifica o revoca la declaración de inconstitucionalidad de la ley que declaró de interés público y sujeto a expropiación el terreno de la extextil Abraham para ser destinada a albergar la nueva sede de la Cámara de Diputados del Chaco.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, los ministros del Superior Tribunal que integran la Sala 2 Contencioso Administrativa quieren conocer con precisión si el anuncio de ese proyecto "implica dejar sin efecto y/o su incidencia en la construcción del edificio legislativo dispuesto por la ley 6980 y sus concordantes nros. 6198 y 6979". El pedido de informes fue solicitado por el Procurador General Jorge Canteros antes de elaborar el dictamen sobre el litigio.

Lo que se discute

Alberto Mario Cornier, en calidad de acreedor de la quiebra de la extextil Abraham, impulsó una acción de amparo ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia para que se declare inconstitucional la ley Nº 6980 por la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno de la extextil Abraham ubicado sobre la Autovía Nicolás Avellaneda para destinarlo a la construcción de la nueva sede de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. El juez Carlos Alvarenga hizo lugar a la medida cautelar y frenó la expropiación de los terrenos, fallo que luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ante una nueva apelación por parte del poder Legislativo, la medida llegó al Superior Tribunal de Justicia que primero decidió convocar a las partes a una audiencia de conciliación que fracasó, con lo cual ahora pretende contar con esa información para expedirse sobre la constitucionalidad o no de la norma.

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