El Organismo de la Constitución, pidió formalmente a la subsecretaría de Combustibles dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que instrumente en el menor tiempo material posible una regulación o normativa por la cual se establezca que en todos los casos cuando las Estaciones de Servicio de todo el país no posean para su comercialización la nafta súper, obligatoriamente deberán ofrecer y vender las naftas Premium o de mayor octanaje a un costo o precio regulado por el Estado.

El fundamento de hecho y de derecho de esta petición, se basa en que a la especulación que se da en el mercado de los combustibles, los consumidores hemos asistido, desde hace un tiempo a esta parte en silencio a que, en primer lugar, desapareciera del mercado la nafta común, y posteriormente vemos azorados como la nafta súper ha pasado a ser un elemento escaso.

Diferencia de precios

La diferencia de precios, amerita entonces que sean las autoridades competentes y de fiscalización en el tema carburantes las que pongan un límite a estos abusos, provocadas por las Empresas Petroleras Productoras, Refinadoras y/o Comercializadoras mayoristas de combustibles las cuales, de continuarse así harán desaparecer del mercado, la nafta súper, causando un perjuicio sumamente gravoso a todos los consumidores.

Se fundamento el pedido también en el Art. 42 de la Constitución Nacional, donde expresamente se determina que las autoridades proveerán a la protección de los legítimos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

La falta de una reglamentación y de control, hace que ante el aumento cada vez más importante del parque automotor y también de motovehículos, en provincias como Formosa se deba preservar y salvaguardar los derechos de los consumidores en estos casos, y debe ser el Estado Nacional quien asegure la existencia de opciones en el mercado, para que el consumidor pueda elegir libremente y si esto no se da porque los actores mas poderosos de la cadena de comercialización de los combustibles priorizan las ganancias y no el bienestar general de la sociedad, es una obligación de la Defensoría del Pueblo, plantear una propuesta de estas características en donde por mandato constitucional, se debe buscar el mejor y el mayor beneficio tanto para el consumidor en primer lugar y también para las Estaciones de Servicios y de esa manera instar a las autoridades nacionales a que hagan lugar o aborden lo propuesto.