Un accidente de tránsito, una sucesión, un problema con el banco; o peor, un conflicto por un alquiler o de compra- venta de una casa o un auto, por nombrar algunos ejemplos, son situaciones de las que nadie escapa. Todas estas situaciones son reguladas por el proceso civil, un fuero al que ingresaron 19.162 causas en 2016.

Ahora, ir a la Justicia por cualquiera de estos problemas, implica tener que estar al menos 5 años en los circuitos judiciales, tiempo que prometen reducir si prospera el nuevo Código Procesal Civil. La norma está siendo estudiada en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Si bien hay acuerdo político de que la norma avance, las dudas en la oposición pasan por la implementación.

Para esto, ayer se reunió la comisión de LAC junto a algunos de los que impulsan la nueva norma. Entre ellos, la jueza María Inés Rauek de Yanzón, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, y el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino.

Todos ellos expusieron el proyecto y respondieron las preguntas, con la intención de que el texto avance y se convierta en ley en algunas semanas. En la oposición el “ok” político está, pero cuestionan que la implementación sea posible si no se destina más recurso humano y presupuesto.

“Es de difícil aplicación tal como está planteado. El espacio físico y las personas disponibles son pocas, porque el juez sigue siendo una sola persona y ahora se le suman las audiencias orales que va a tener”, planteó la diputada del PJ, Carina Segovia.

Según la legisladora, el gobierno debería acompañar la redacción de esta norma con más recurso humano, sobre todo, considerando las zonas alejadas.

“Siempre pensamos en el Palacio Judicial y en las 40 cuadras que lo rodean pero en el interior de la provincia van a tener que nombrar a más jueces o pensar en transformar los juzgados”, advirtió la opositora.

En el gobierno reconocen que deberán hacer cambios en la puesta en marcha del nuevo sistema de litigios civiles. “Además de la ley, necesitamos una buena gestión de la misma”, señaló D'Agostino y dijo que los trabajos apuntan a la capacitación del personal, tanto en lo técnico como en la nueva legislación.

No obstante, consideran que con la reorganización de lo que ya se tiene, se podrá cumplir con el nuevo procedimiento civil.

“La Suprema Corte, en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia de la Nación, hemos avanzado en recursos financieros para poner en condiciones las salas de audiencia, lo que no requiere de mucho presupuesto porque las audiencias se pueden hacer en los despachos de los jueces. También hay que hacer una reingeniería del recurso humano”, explicó D'Agostino.

En cuanto a la capacitación, una vez que se sancione la ley, estiman que en cuatro meses (antes de que termine el año) los jueces y el personal podrán adaptarse a la oralidad. Para esto, la ley debería estar sancionada a principios de setiembre.

El cronograma sigue con el primer día hábil de 2018, cuando entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento. Entre abril y mayo, comenzarán las primeras audiencias orales, aunque antes habrá otra capacitación.

Reducir litigios de cinco a un año

La apuesta principal del nuevo Código Procesal Civil es reducir los litigios en esta materia y, para esto, se incorpora la oralidad en los procesos judiciales, a través de dos audiencias.

“Hoy en día, el proceso es absolutamente escrito, lo que implica que, desde que se inicia una demanda hasta que se finaliza, en primera instancia y sin apelación, son 5 años. Por eso incorporamos la oralidad y esas dos audiencias, para achicar los tiempos de resolución y llevarlos a un promedio de un año”, explicó D'Agostino.

El proyecto en discusión también prevé, en función de la agilidad del proceso, la incorporación de los expedientes digitales, las subastas electrónicas y la participación del juez. También se alienta a la conciliación en la primera audiencia.