En declaraciones a Radio Ciudad, recordó que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado, que estableció que los incrementos de los servicios “no pueden ser confiscatorios”. Además, El CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción y la Solidaridad) hizo una presentación judicial en la que señala que el valor del fluido fue aumentado a los usuarios pero no se incrementó en boca de pozo. "Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales", dijo Mariano Lovelli, abogado del organismo.

Olguín sostuvo que “no quedan dudas que hay una política pública (nacional) vinculada a la quita de subsidios y a la dolarización de las tarifas, que tiene que ver con la matriz de la política económica que está instalando”.

“Nos dolarizan la tarifa pero el peso perdió 11 puntos respecto del dólar. La ecuación es: ganamos menos y pagamos mas. Los que hacen negocio son las empresas, pero las empresas no son problema: el problema son las políticas que se están aplicando”, insistió el especialista.

En este sentido, pidió que “el Estado Provincial debería avanzar en este tema, deberían adherirse a la declaración del CEPI para revertir este tarifazo”.

En la actual facturación, los usuarios recibirán boletas que rondan los $2.700. “Estamos hablando de designar el 15 o el 20 por ciento de los ingresos al pago de los servicios esenciales. Lo que tendríamos que hacer es inundar los organismo públicos de reclamos. Acá hay dos antecedentes muy importantes sobre los que tenemos que montarnos para frenar este tarifazo”, dijo Olguín.