El fiscal mayor Guillermo Mássimi solicitó ayer una condena de cinco años y seis mes de prisión efectiva, por los delitos de peculado reiterado en concurso ideal con falsificación de instrumento público, para el ex secretario de Obras Públicas Pedro Bernal, y para el ex subsecretario del área, Jorge Domínguez, quienes ya cumplen una condena en prisión.

El requerimiento de pena fue realizado durante la etapa de alegatos del juicio oral y público donde se investiga la utilización de adelantos con cargo a rendir por un valor de 550 mil pesos, en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo.

Mássimi sorprendió también al requerir una condena de tres años de prisión efectiva para los comerciantes Dardo Jorge Montané, Carlos Marcelo Prausello y Omar Alberto Calquin, a quienes consideró partícipes necesarios de la misma maniobra delictiva, mediante la cual –según la Fiscalía– se sustrajeron fondos públicos y se falsificaron presupuestos para fraguar expedientes por trabajos nunca realizados.

Por su parte, para Domingo Briceño Carrasco y Lorena Casas Ruminot, el fiscal pidió tres años de prisión en suspenso y dos años y ocho meses respectivamente, en orden a los mismos ilícitos, mientras que para otros seis contratistas solicitó penas que van desde uno a tres años de prisión en suspenso por el delito de falsedad de instrumento público. Ello son Alejandro Moreno, Julio Ávalos, Pablo Peña, Héctor Echt, Celia Trevisán y Ciro Sevilla.

A su vez, el titular del Ministerio Público se pronunció a favor de la absolución de Viviana Pinus y Rosa Villanueva Varas, quienes si bien figuran como titulares de empresas que facturaron obras públicas no realizadas, se habría corroborado que desconocían el trasfondo de los negociados sujetos a investigación.

En tanto, las defensas públicas y privadas de los ex funcionarios y de los comerciantes enjuiciados, también le pidieron al tribunal la absolución de sus defendidos.

Jornada de alegatos

La jornada de alegatos comenzó pasadas las 10 en el edificio de Tribunales de Monte Gallinero. Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Javier De Gamas Soler, escucharon primero la recusación planteada por el abogado Mariano Soler (defensor de Bernal y Domínguez) en contra de De Gamas.

El letrado citó un caso en el que el juez de instrucción dictó una resolución que involucra al imputado Avalos, lo que podía suponer un prejuzgamiento. Pero los jueces Pagano Zavalía y Magraner rechazaron el planteo por improcedente, al entender que la causa citada no tenía ningún punto de relación con la ventilada en el juicio, y hacía referencia a hechos anteriores a los investigados.

Mássimi alegó con posterioridad durante dos horas y media, entre las 11 y 30 y las 14. El fiscal realizó un detalle pormenorizado de los diecisiete hechos que conforman la acusación, y sostuvo que durante el juicio quedó demostrado el armado de expedientes ficticios para sustraer dinero público haciendo figurar obras que no se realizaron.

El titular del Ministerio Público citó como evidencia la presentación de presupuestos falsos y facturas conformadas por el propio Domínguez, además de los informes que indicaron la falta de realización de los trabajos en dependencias policiales, con excepción de los realizados en el puesto de Lago Escondido.

Según la estimación realizada por Mássimi y por el Tribunal de Cuentas de la Provincia (que interviene como actor civil en el juicio) el perjuicio económico por la maniobra alcanza los 474.200 pesos.

Las defensas alegaron en horas de la tarde, desde las 16 y hasta casi las 21. El juicio continuará este miércoles a las 12 con las últimas palabras de los imputados antes del veredicto.