Este proyecto elaborado por el Partido Socialista- GEN (integrado por Manuel García Blanco, Robert Sciarretta y Enrique Lasaga) fue aprobado por unanimidad por el resto de los 14 concejales presentes.

Asimismo, en el artículo segundo de dicha Resolución se le pide al Ejecutivo gestionar también ante la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, la llegada de efectivos de la Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional a los barrios periféricos, “hasta tanto se haga efectivo la incorporación de nuevos policías”, establece la Resolución.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ariel Ríos, anunció el pasado 12 de julio que los patrulleros adquiridos con financiamiento provincial comenzarán a circular en los “próximos días”.

Tres de las primeras unidades móviles y del Convenio de Fortalecimiento Logístico firmado este año con el Gobierno provincial ya fueron adquiridos y tres Volkswagen Voyage se encuentran a la espera de acondicionamiento especial por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia para ser entregados a las fuerzas policiales del distrito. Si bien los vehículos son de propiedad municipal y su mantenimiento es responsabilidad de la Comuna, serán utilizados por la policía local.

Para Zárate habían sido contemplados cuatro automóviles y cinco camionetas. Además de los tres vehículos ya adquiridos, el resto transita los últimos pasos administrativos. Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades al respecto.

“Los móviles están y van a necesitar combustible, vamos a tener que hacernos cargo de eso, así que ante esa situación de gastos vamos a necesitar una tasa de seguridad”, insistió Ríos quien indicó, “la seguridad es una potestad exclusiva de la Provincia pero, a pesar de eso, esta gestión no se esconde frente a la situación y el intendente pone todo el esfuerzo”.

La premisa que tiene el Gobierno provincial, en materia de seguridad, es “sacar a la calle” a todos los efectivos policiales que actualmente cumplen tareas administrativas en las comisarías y otras dependencias de la fuerza.

Quienes se incorporen a las comisarías ingresarán en el escalafón administrativo de la Policía pero no portarán armas. La idea es que aquellos que ingresen para trabajar allí tengan entre 18 y 35 años y estudios secundarios completos. Sus tareas estarían relacionadas a los trámites burocráticos que se realizan en las seccionales, como confección de formularios, atención al público y diligencias ante los juzgados, entre otras.

Con esta medida, el gobierno de Daniel Scioli busca reforzar con unos 1.500 policías que hoy se dedican a cuestiones administrativas, las tareas de prevención en la vía pública, en las zonas calientes del delito.

De esta iniciativa generada desde el gobierno provincial tampoco se tiene novedades y en la actualidad no se está implementando.