Luego de conocerse que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) quitará la licencia de conducir de cuatro meses a dos años a los automovilistas y motociclistas borrachos, desde la Asociación de Familiares de Víctimas de Tránsito de Mar del Plata reconocieron el interés para que en nuestra ciudad funcione una normativa similar, que automáticamente inhiba a los conductores y que no dependa del pedido de las autoridades.

“Hace 10 días hicimos un pedido al Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires para elaborar un proyecto. Necesitamos que sea a través de una ley provincial, porque si bien la aplicación de las normativas es una potestad del municipio, hoy esto depende de la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) o de un funcionario de la ciudad o del criterio que tenga el juez de faltas. Debería ser automático”, consideró Héctor Blasi, titular de la Asociación Familiares de Víctimas de Delito y Tránsito de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, Blasi precisó que en el pedido realizado a las autoridades bonaerenses, “se le envió una serie de puntos a tener en cuenta para su gestión, no solo el quite de licencias, sino entre otras cosas, una mayor exigencia a la hora de otorgarlas, un registro de infractores inhibidos, el urgente tratamiento de la Ley de Tolerancia Cero y un centro de formación para conductores profesionales. Queremos que los cursos sean más exhaustivos y no solo de 2 horas. Y que se enseñe la cuestión legal a modo de concientización de lo que puede ocurrir por no manejar con responsabilidad”, razonó.

Para el referente de la organización civil marplatense e integrante de la Comisión de Tránsito del Consejo de Víctimas provincial, lo que instrumentó desde este 1 de febrero el gobierno porteño “está bárbaro” y cuestionó la falta de la aplicación de las normativas en Mar del Plata y en todo el territorio bonaerense. “Rige la ley provincial 15.002 en su artículo 38 bis, que determina el arresto o quite de licencia para los conductores alcoholizados y el trabajo comunitario. Pero lamentablemente no se aplica, salvo cuando hay una víctima fatal. Parece que hay que esperar lo peor para que aplique la ley”, concluyó Blasi.

Desde este martes, Caba penalizará según el dosaje del test de alcoholemia: entre 0,5 gr/l y 1 gr/l la sanción será la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses y el pago de una multa que irá de $7.950 a $53.000.

Si el resultado arroja 1 gr/l en adelante se aplicará la inhabilitación de la licencia por un período de 4 meses a dos años y una infracción de $15.900 a 106.000, así como también se podrá aplicar de 1 a 10 días de arresto. La pena se aplica de igual manera para los no residentes en la ciudad capital.