Fueron casi tres horas de alegatos en las que el fiscal Claudio Pelayo pidió penas que van entre los 5 y los 22 años de prisión para los policías acusados de la denominada Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes. Hoy será el turno de los particulares damnificados y la semana próxima, de las defensas.

Desde temprano marcharon a los Tribunales organizaciones sociales exigiendo Justicia (ver Familiares…); los imputados, letrados y las partes fueron llegando y la Sala B del primer piso de la sede judicial se vio colmada como pocas veces.

Había mucha expectativa a la espera de los pedidos de pena del encargado de la acusación, que fue contundente.Para el fiscal quedó acreditado que el excomisario Pedro Soria "no cumplió con los deberes de conducción ni resguardo a los menores alojados en la dependencia a su cargo.

Consintió los apremios (a los que calificó como práctica nefasta). Lejos estamos de un rescate o el salvataje de vidas como el mismo Soria dijo en su declaración días atrás (citando las expresiones del propio encausado ante los jueces)", indicó el letrado.

Más adelante en los fundamentos de su pedido, afirmó: "Soria omitió el deber de cuidado; señores jueces este caso marcó un antes y un después en la Provincia, donde hay extensión de daño a las víctimas, en primer lugar a las víctimas fatales, los chicos; en segundo lugar a las familias. Pero también a una institución que debe velar por la seguridad de todos como lo es la policial, se hizo una mancha imborrable, han dañado al Estado.

Las conductas de estos funcionarios han sido intolerables e injustificables; además merito como agravante la corta edad de los menores"; fundamentó el fiscal en algunos de los tramos de su alocución.

Tras la extensa exposición no dudó en pedir para el excomisario la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cualquier función pública bajo la imputación de "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos"; para el inspector Jorge Gómez solicitó una pena de 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para el ejercer cualquier función pública por "apremios ilegales"; para Humberto Ávila una sanción de 7 años de prisión y el doble de inhabilitación por los mismos delitos. En la misma línea, para el subcomisario Basilio Vujovich y los agentes Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Gustavo Altamirano, 9 años de prisión y el doble de inhabilitación.

Luego pidió para el agente Juan Carlos Guzmán, 11 años de prisión e inhabilitación perpetua; al cabo Hugo D'Elía  15 años de prisión e inhabilitación perpetua, mientras que el pedido más duro fue para Fernando Pedreira, para quien requirió una sanción penal de 22 años de prisión e inhabilitación perpetua; estos últimos procesados por "apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos".

El juicio está a cargo del Tribunal Oral 3, integrado por los jueces Alicia Anache, Armando Topalian y Alejandro Portunato, que busca determinar la responsabilidad por la muerte de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

Todos llegaron al juicio en libertad y el único exonerado de la fuerza es Pedreira, ya que cinco fueron cesanteados y los restantes recibieron suspensiones de 60 días. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lleva un registro audiovisual del juicio e interviene como veedora del proceso y grabó todas las expresiones del fiscal y cada incidencia del proceso.

El juicio oral seguirá hoy con los alegatos de los particulares damnificados ante el Tribunal.

Familiares y organizaciones se manifestaron

  Isabel, madre de Matías Maldonado, uno de los cuatro menores de edad que murió en 2004 en el incendio de los calabozos de la comisaría primera, apuntó contra las declaraciones del extitular de la dependencia policial de Quilmes. Lo hizo en el marco de una manifestación en las puertas de los Tribunales al cabo de los alegatos. "Lo único que esperamos es que haya Justicia por los chicos", dijo. 

"Estoy mal porque la audiencia duele. Mi hijo no está más. Estoy acá, no entera, pero estoy acá para pedir Justicia. Cuando declaró Soria dijo que ellos fueron al rescate. Que si no hubiesen ido ellos al rescate, hubiesen muerto todos. Ellos no apagaron el fuego", indicó. 

  "Consideramos que el pedido para Soria es poco, es escaso, la vida de nuestros hijos no pueden devolverla y ellos (los policías) cometieron abusos de todo tipo contra los chicos. Aguardamos que se tenga conciencia de lo que ha sucedido y les apliquen las penas acordes a los hechos, duele que estén sentados con tanta impunidad y nuestros hijos en un cementerio", explicó la madre entre sollozos a EL SOL una vez finalizada la audiencia.

Una historia de desaciertos del Estado

  El hecho se registró en la noche del miércoles 20 de octubre de 2004, cerca de las 20.30, en la comisaría ubicada en Alem y Sarmiento, cuando los adolescentes detenidos iniciaron una quema de colchones en sus celdas.  

Según se pudo determinar en lo que va del debate, durante la tarde, los policías ingresaron a las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una "práctica sistemática" por incidentes que se habían dado. 

Debido a esto por la tarde-noche sus compañeros empezaron a prender fuego un colchón para que les abrieran la celda. Los colchones no eran ignífugos y los calabozos rápidamente comenzaron a incendiarse y a llenarse de humo, mientras que los policías demoraron en abrir las puertas alrededor de 15 minutos, según los familiares de las víctimas.  Otro de los relatos citados por el fiscal Pelayo refirió a que: "los chicos del calabozo de al lado pedían que los saquen, pero pocos policías tiraban agua. Cuando se acabó el incendio, los llevaron a la cocina custodiados. Ahí vi cómo les pegaban a pesar de que estaban quemados". Los menores más graves fueron trasladados al Hospital Iriarte, donde finalmente murieron. 

El día del incendio, Maldonado estaba a la espera de una vacante en una clínica de rehabilitación para las adicciones; Giménez iba a recuperar la libertad en las 24 horas siguientes, pero se demoró por un error burocrático, ya que tenía un homónimo; Figueroa iba a ser trasladado a una comunidad terapéutica y Aranda era padre de un niño de dos años.