El fiscal Ignacio Di Maggio solicitará la elevación a juicio de la causa que investiga a la ex presidenta del Consejo Provincial de Educación Patricia Ruiz por fraude a la administración pública por la compra de leche en polvo y el alquiler de vehículos a personas de su entorno. El delito establece penas de hasta seis años de prisión.

Tras un año y medio de indagaciones, el fiscal confirmó la finalización de la investigación preliminar en la que se buscaba determinar el accionar de Ruiz durante su presidencia en el CPE y el de otras cinco personas, entre las que se encuentran el yerno y la consuegra de la ex funcionaria.

El juez Darío Zabala deberá determinar la elevación a juicio y si da lugar a dos sobreseimientos solicitados por el fiscal. En el caso de autorizar el proceso, que recaerá en la Cámara Criminal, Ruiz será juzgada por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función, lo que contempla penas de hasta seis años de cárcel.

Denuncia

En 2011, la CTA denunció en la Justicia a la titular del organismo tras conocerse varios contratos correspondientes a la firma Sym's Track, registrada a nombre de la consuegra de Ruiz, Aída Rosa Wilson, en los que se autorizaba la compra de 20 mil kilogramos de leche en polvo a casi al doble de precio que figuraba en el mercado. El CPE también habría contratado a la compañía para el alquiler de vehículos y la compra de golosinas y artículos de librería. La empresa, creada bajo la gestión de Ruiz, además figuraba bajo una dirección fantasma y había sido registrada como kiosco y lotería.

El escándalo derivó en el apartamiento de la funcionaria de la presidencia del CPE en septiembre de 2011. Ruiz continuó como subsecretaria de Educación hasta que presentó su renuncia al mes siguiente.

Involucrados

En la investigación también se buscó establecer el accionar de Diego Gelos (yerno de Ruiz) ya que, según el fiscal, Wilson prestaba una colaboración necesaria actuando en beneficio y por cuenta de su hijo para adquirir bienes que luego proveía al Estado. Nora Katcoff, directora provincial de Administración; Marcelo Roussillon, director de Compras y Contrataciones, y Paola Yahuar, secretaria privada de Ruiz, completan el resto de los imputados.

Según confirmaron fuentes judiciales, la causa tendría cuatro acusados, entre los que se encuentra la ex presidenta del CPE y otras tres personas que no fueron oficializadas.