Esto porque a la discusión por la coparticipación se le sumará la de los fondos para equiparar lo que cada provincia recibe para pagar salarios a los docentes pero también invertir en infraestructura educativa. El punto es que este año vence el plazo de aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo que regía el crecimiento de la inversión año a año.

Ante esto, el gobernador quiere que la Nación incremente el aporte federal para pagar los salarios a los docentes a través del Fondo de Compensación Salarial que hoy gozan provincias carenciadas y que quedó fijado en la ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Celso Jaque elevó el planteo en la última reunión de gobernadores y pidió a la presidenta Cristina Kirchner espacio para participar de la discusión por una nueva ley porque la vigente vence en cuestión de meses. Si bien el gobernador dice tener su propio proyecto pero aún no lo ha revelado, los gremios comenzaron las rondas de consultas en las provincias y consideran que el aporte debe elevarse en los próximos años a 9 o 10 por ciento del PBI. Incluso opinan que la Nación se había comprometido a invertir 40 por ciento del gasto anual de cada provincia, pero, en la práctica, Mendoza está ejecutando 70 por ciento de los fondos. Esto según declaraciones de Cristina Rasso, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, quien, además, adelantó que la nueva ley debe revertir la fórmula porque es la Nación la que debe aumentar sus esfuerzos y financiar 60 por ciento, mientras que del 40 por ciento restante deben hacerse cargo las provincias.

La idea es que este aporte, que fue logrado a través de una ley promulgada en el 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner y que preveía una inversión progresiva para llegar a 6 por ciento del PBI, sume, al menos, entre tres y cuatro puntos. Pero para esto habrá que resignar partidas que hoy tienen otro destino y eso es lo que los gremios comenzarán a dialogar con el Gobierno. Para esto confían en que esta vez no se incluyan los fondos de Ciencia y Tecnología que en el 2006 se contemplaron pero ahora están en otra cartera separada de Educación.

Al respecto, Jaque opinó que, al menos, hay que comenzar la discusión, porque, en el marco actual, Mendoza está destinando un gran porcentaje del presupuesto anual a educación. Este año, la cifra alcanzó 32 por ciento -unos 2.400 millones de pesos-, y la mayoría se va en salarios. La cuenta es sencilla: si otras provincias reciben, al menos, 200 pesos por cada trabajador de la educación y en Mendoza suman 46.000, se podría lograr un desembolso extra de 9.200.000 de pesos mensuales. El punto es que en la ley anterior decía que el fondo era para las jurisdicciones más carenciadas en recursos y hoy ya llegan a 11, entre las que se encuentra San Juan. Para percibir este fondo, los establecimientos debían tener problemas estructurales graves y otros elementos, que hoy ya han sido mejorados.

La idea del Gobierno es que lo tengan todas o ninguna, porque, de esta manera, en provincias vecinas como San Juan el Estado nacional no sólo está aportando los 165 pesos del incentivo docente, sino que suma unos 200 a través de este fondo. Así 365 pesos de los 1.740 fijados como piso son absorbidos por la Nación mientras que a Mendoza sólo llegan los 165 pesos del incentivo y los 1.575 restantes los desembolsa la Provincia.

El debate de fondo trata nada menos que de la financiación del sistema educativo para los próximos años. Pero la pelea por los recursos tendrá poco de técnico y mucho de político. Esto en un año en el cual cada mandatario deberá llevar agua para su molino, en especial si sale la anhelada nueva Ley de Coparticipación.