Este era un reclamo de los trabajadores del Poder Judicial luego de que el mandatario salteño firmara un convenio con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para que los jueces, secretarios judiciales, fiscales y defensores oficiales dejen de regirse por la ley 24.241 que enmarca a todos los empleados judiciales, y pasen a depender de la ley 24.018, que tienen los jueces nacionales, lo que implica que podrán jubilarse con el 82% de sus haberes.

La norma fue cuestionada por los jubilados salteños y por los empleados judiciales, quienes consideraron que era inequitativo que los magistrados obtuvieran un beneficio que ellos no tenían.

Siguiendo ese mismo criterio, los senadores aprobaron una iniciativa de la renovadora Catalina Ponna en la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial (PEP), que "arbitre los medios necesarios a través de quien corresponda, para la inclusión en el Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Salta al Estado Nacional, a los demás funcionarios que se encuentran en el Poder Judicial y en el Ministerio Público".

En diálogo con Nuevo Diario, la autora del proyecto, la senadora Catalina Ponna consideró que "es inequitativo que en una misma actividad haya diferencias entres las jubilaciones"