Con un déficit estimado en más de 108.000 pesos anuales, para establecimientos con 2.000 animales, que representan la mayor parte de unidades de la región, se solicita la restitución de instrumentos de alivio fiscal que ya fueron utilizados tiempo atrás y que posibilitaron paliar las situaciones de crisis.

“La situación de crisis que vive el sector ovino de la región patagónica, como consecuencia de la prolongada sequía de los últimos años sumado a la caída de cenizas, ha provocado el deterioro de las majadas ovinas –detalla la presentación ante los ámbitos ministeriales-. La mortandad de animales por falta de alimento, pariciones por debajo del punto de equilibrio y en algunos casos inexistentes, que no permiten mantener la reposición de la majada, el prematuro desgaste dentario convirtiendo en `viejos´ animales de corta edad, con reducción en la calidad y cantidad de la lana, dan como resultado majadas envejecidas, con pérdidas que en muchos casos llegan hasta el 40 % de las mismas”.

A lo anterior se suma un incremento de costos no menor al 25 por ciento, considerando que los salarios subieron 30 por ciento, además de un menor precio internacional de la lana, lo que impacta directamente en el productor, ya que el total de la producción es exportado. Paralelamente, incide el desdoblamiento del mercado de cambios, ya que mientras por un lado el productor cobra la liquidación de su producto a valor del dólar oficial, por el otro los insumos agropecuarios se rigen por el dólar paralelo, que es más alto y disminuye también el resultado final de la unidad productiva.

Como ejemplo de la menor rentabilidad y del incremento de costos laborales, en el estudio realizado por la institución ruralista se establece que en el año 2003 se requería de la producción de lana de 400 animales para cubrir el costo laboral –con todas las cargas sociales- de un peón, mientras que en la actualidad se requiere de la lana de 1.100 animales para cubrir ese costo a lo largo del año. Así, al establecer un modelo de explotación en un campo de 2.000 animales, como caracteriza a la mayor parte de los campos de la región, se establece que la diferencia entre ingresos y egresos arroja un déficit de 108.491 pesos, al contabilizar los costos de mantenimiento que demanda una unidad productiva de esas características.

En tanto la mayor parte de estos establecimientos cuenta con un trabajador y por el número de unidades productivas en la provincia, se estima que la cantidad de puestos laborales se ubicaría entre 3.000 y 3.500 empleos.

Pedido para sostener los empleos en el campo

En base al diagnóstico reseñado, la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, con la firma de Digna Hernando de Blanco (presidente) y Juan José Gómez (secretario), solicitan al ministro Pedro Zudaire y, por su intermedio, ante su par de Nación Norberto Yauhar, que se ponga en vigencia nuevamente la Resolución 351/93 de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

En efecto, mediante aquel instrumento se había contemplado una compensación, por única vez, en beneficio de los productores de lana de las provincias patagónicas. La misma consistía en un monto fijo por trabajador en relación de dependencia, con una escala que vinculaba a la cantidad de trabajadores a compensar con la producción de lana del establecimiento. Así, hasta 8.000 kilos de lana, se contempla la compensación por un puesto de trabajo; entre 8.000 y 12.000 kg, por dos trabajadores; de 12.000 a 16.000, por tres trabajadores; más de 16.000, por cuatro trabajadores.

Se estima que el valor actual por compensación de cada trabajador debería ser del orden de los 40.788 pesos anuales.

El segundo instrumento requerido es similar al que se aplicó en enero del año 1994, con la reducción de contribuciones de Seguridad Social y Obra Social para determinadas actividades. “En marzo del ‘95 se generaliza a todas las actividades y se reducen los porcentajes de reducción. En septiembre de 1995 se incrementan los porcentajes de reducción siendo a partir de enero de 1996 para Chubut del 65%”, refiere la presentación.

Por tal motivo, añade la nota, “solicitamos la implementación de este decreto otorgando una reducción del 100% de las contribuciones patronales por un periodo a determinar que ayude a revertir la situación actual”.

Otro de los pedidos apunta a que se eliminen las retenciones sobre e IVA, a fin de posibilitar una recomposición del capital de trabajo del productor. Y se requiere también que se considere la aplicación de modalidades de contratos de trabajo “con beneficios para el productor en cuanto a reducción o eliminación de contribuciones para cuando se normalice la situación y se puedan incrementar los empleos”.

La presentación concluye aludiendo a la necesidad de que se comprenda la necesidad de viabilizar estos instrumentos, garantizando “un salario justo y digno para los trabajadores de los establecimientos ganaderos y su gente, que mantienen nuestro territorio ocupado”.