El fiscal de delitos complejos Santiago Garay pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que se investigaba el pago de sobreprecios por publicidad oficial. En esa investigación están imputados el ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán, el fotógrafo devenido en empresario publicitario Gustavo Mátar y los dos ex directores de comunicación del Gobierno de Celso Jaque, Ricardo Funez y Pablo Catania.

Ahora los imputados tienen cinco días para presentar oposiciones y el juzgado de garantías será el que defina si deberán someterse a juicio oral o no.

El fiscal Garay puso la lupa sobre 13 contrataciones de servicios de comunicación, en los que el magistrado tiene la certeza de que el Estado pagó sobreprecios. El contratado era Mátar, los contratantes por el Estado eran Catania (en uno de los 13 casos) y Funez (en 12). El jefe de ambos era Cazabán. Todos están acusados de “Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Además, Garay acusa a Cazabán de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no remitía informes del gasto publicitario a la Legislatura, tal como estaba obligado por la Ley 6.496, que establece que la Secretaría General de la Gobernación debe remitir bimestralmente el detalle del gasto publicitario.

La investigación de Garay hizo foco en contrataciones de servicios de comunicación realizadas durante la gobernación de Jaque en los que se repetían los protagonistas: particularmente Mátar, Funez y Cazabán. Catania sólo tiene un caso observado y luego se alejó de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Mendoza (dependiente de la Secretaría General de la Gobernación), cargo que quedó en manos de Funez.

El caso nació de una denuncia presentada en octubre de 2011 por los diputados radicales Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas. En aquellos días, en la recta final de la campaña electoral, los legisladores radicales habían encontrado documentación de la que surgía que Mátar le había facturado al Estado 12 millones de pesos entre 2010 y 2012, tanto como monotributista como a través de su flamante empresa de comunicación Sur Talent.

Pasó un año y medio, y Garay encontró la pista que le permitió avanzar: los montos de las contrataciones. El 7 de mayo del año pasado, el fiscal allanó las oficinas de Mátar en San Rafael y allí estalló el escándalo. El 13 de mayo el magistrado mandó un oficio a Legislatura para determinar si la Secretaría General de la Gobernación remitía informes bimestrales sobre el gasto publicitario del Gobierno.

Para ese entonces Garay parecía tener claro que había cinco contrataciones en las que se pagaron sobreprecios. Había estado citando proveedores y pidiendo presupuestos de determinados servicios de comunicación: filmaciones, alquiler de camión de satelital, realización de spots televisivos, entre otros.

Y así fue encontrando que Mátar facturaba más caro que sus competidores y que el Estado pagaba con el aval de Catania (en un caso), Funez y Cazabán. Entonces decidió imputar a todos los protagonistas de la historia, fue entre el 5 y el 7 de junio del año pasado.

Con el correr de los meses, Garay fue sumando otras contrataciones en las que acreditó el pago de sobreprecios. El 22 de agosto de 2013, Los Andes informaba que el fiscal ampliaba la imputación sobre los investigados en cinco contrataciones más. En octubre el fiscal agregó otra.

Ayer se conoció la medida final que Garay había tomado el martes. Pedir la elevación a juicio oral.