Desde el momento mismo en que se dio a conocer su implementación, el canon por uso de la trama urbana, más conocido como tasa de combustible, no deja de generar polvareda. La iniciativa generó cierta confusión en parte de la población, desorientada por el cobro de un tributo que antes no existía, y sobre todo una fuerte réplica en la oposición.

En ese marco, ayer, concejales del Frente para la Victoria dieron a conocer la presentación de un pedido formal ante el titular del Juzgado Contencioso Administrativo, Juan Bazzani, para que determine si el tributo en cuestión está dentro de los parámetros legales o carece de constitucionalidad.

Acompañados por el abogado Guillermo Tapia, los ediles Gustavo Traverso, Juan Manuel Sequeira, Virginia González, Santiago Aguiar y Carlos Garbe explicaron que el propósito es que se deje sin efecto la normativa sancionada el 5 de diciembre pasado, donde se dispuso que los vecinos de Junín deberán pagar 12 centavos por litro de combustible en las estaciones de servicio locales.

El primero en hacer uso de la palabra Fue Gustavo Traverso, quien señaló que ante la ausencia de certeza de la comunidad respecto de la legitimidad y la constitucionalidad de una norma, se decidió hacer una presentación judicial.

“En términos técnicos, lo que hacemos es pedirle a la Justicia una acción declarativa de certeza, esto es, que el juez que interviene en estos asuntos (Juan Bazzani) les diga a los juninenses si esta tasa votada solamente por el oficialismo, que antes de la renovación del Concejo tenía mayoría, es válida y se puede aplicar. Decidimos dar este paso ante los innumerables reclamos de los vecinos”, señaló el ex candidato a intendente.

Traverso consideró la medida es anticonstitucional porque “se está cobrando un impuesto y éstos son facultad de los poderes ejecutivos de la Nación o de la provincia de Buenos Aires”. “Los municipios están habilitados cobrar tasas, derechos y contribuciones y para eso tiene que haber una contraprestación de servicios”, aseveró.

¿Se empieza a cobrar igual?

A continuación, otro concejal, Santiago Aguiar, especificó que el reclamo realizado ante el despacho de Bazzani es que se suspenda el cobro de este impuesto “hasta tanto se expida el juzgado en la cuestión de fondo que tiene que ver con la constitucionalidad o no”.

“Para el paso siguiente, que seguramente va a ser un reclamo del Ejecutivo local respecto de si aprobamos el presupuesto por qué no aprobamos esto, la respuesta inmediata será que hay una incertidumbre muy grande sobre la legalidad de este cobro. En caso de que la Justicia deniegue el pedido que hacemos, la Municipalidad podrá efectuar el cobro con normalidad”, se anticipó.

Juan Manuel Sequeira, por su parte, indicó que se está haciendo hincapié en que existe una superposición en cuanto a la ley de coparticipación. “Este canon ya se está cobrando a nivel nacional y provincial, por lo tanto el Municipio no puede cobrarlo nuevamente. Hay municipios que lo están cobrando, pero también sabemos que en otros hubo presentaciones individuales ante la Justicia y el juez les ha dado la razón, por eso nosotros lo hacemos como bloque y en forma individual”, expresó.

El Municipio se mantiene en su postura

Del lado del Municipio, mientras tanto, la aplicación de la tasa a los combustibles fue defendida a ultranza.

El secretario de Gobierno, Mauro Gorer, aseguró que el cobro “está sujeto a derecho”, en primer lugar porque “lo que se está cobrando es una contribución por el uso de la vía pública, en este caso suplantando a la tasa de repavimentación, que fue derogada”.

De ese modo, el funcionario afirmó que “no hay doble imposición y hay una contribución por parte del usuario que es justa y equitativa, no como ocurría anteriormente, cuando por ahí el costo era absorbido por frentistas que no tenían vehículos”.

“No vislumbramos ningún tipo de cuestión legal que pueda inhabilitar esta ordenanza”, continuó.

Gorer señaló que la comuna cuenta con jurisprudencia a su favor, puesto que ya hay municipios que recibieron el permiso judicial para formular una carga impositiva al consumo de naftas, tigre y Pergamino entre otros.

“Acá hay un oportunismo político del Frente para la Victoria para poner entela de juicio normas que no tienen ningún viso de inconstitucionalidad”, acusó el secretario de Gobierno.

No obstante, concedió que “la Justicia no es una, hay un millón de fallos para casos iguales y seguramente terminará siendo la Corte Suprema la que fije un criteriuo unánime para toda la provincia”.