Claudio Carnevale y Raúl Mosca aclararon ayer en conferencia de prensa que pruebas no poseen, pero sí indicios y testimonios de vecinos. De comprobarse delito, se encuadraría en la figura de abuso de autoridad, si fue cometido por un solo funcionario, o asociación ilícita, en el caso de tratarse de un grupo.

En la apertura de la conferencia de prensa de ayer a la mañana en el local de Unión Pro, Raúl Mosca presentó el tema, al que calificó de "muy delicado", al tiempo que advirtió que lo que hay son sospechas, no "pruebas concluyentes" que permitan atribuir responsabilidades a ex funcionarios municipales relativas a propiedades obtenidas a través de extorsiones y otros mecanismos non sanctos.

Señaló también el ex concejal por la Unión Vecinal, que luego de analizar el tema con Claudio Carnevale y el grupo de trabajo local de Unión Pro, resolvieron que el Concejo Deliberante era el ámbito adecuado para motorizar y realizar una investigación al respecto, que permita echar luz sobre una cuestión que en corrillos y cafés de Bolívar viene comentándose desde hace años. (NdR: Aunque Mosca y Carnevale no mencionaron nombre alguno, se sobreentiende que sus sospechas apuntan a los tres períodos de gobierno municipal de Juan Carlos Simón.) Así es que decidieron elaborar un proyecto pidiéndole al Deliberante que cree por decreto una comisión investigadora. La iniciativa fue presentada al HCD en las últimas horas.

La moción contempla varios puntos que deberían ser investigados por la comisión que se pretende crear. Básicamente, "la mecánica que se habría utilizado desde ex funcionarios municipales (Carnevale y Mosca hablan de ex funcionarios municipales, no de funcionarios actuales, aunque aclaran que "ése sería uno de los puntos a dilucidar por parte de la comisión), allegados a ellos o familiares", para quedarse con propiedades, dijo Claudio Carnevale. "La mecánica que se habría utilizado es: la intimación lógica y legal que se realiza a personas que adeudan tasas municipales, pero bien focalizada a personas mayores de edad, que no tienen descendientes aquí, o a aquellos bienes respecto de los que hay problemas de sucesión -muchos herederos, en algunos casos desconocidos o que se pelean entre sí-. Lo que se habría hecho después de esas intimaciones, es iniciar acciones judiciales. Y presuntamente los funcionarios municipales habrían visitado a estas personas, para ofrecerles la compra del bien a un precio mucho menor al del valor del mercado. Y le adquirirían a esa persona alguna casa de menor valor en otro lado, a cambio de que se haga cargo de la deuda", relató Carnevale. En medio de este cuadro, las "víctimas" accederían, debido a que se trata de personas que se hallan en una posición de "extrema debilidad", tanto económica como psicológica, esta última provocada por "las presiones ante una intimación orientada al posible remate de la vivienda".

En otros casos, "se nos ha informado que han adquirido la posesión en forma veinteañal", es decir, se habrían quedado con casas "que luego de haber fallecido el titular, habían pasado por varias generaciones pero sin que se legalizara" la titularidad. Luego de esto, "el funcionario, el allegado o el familiar, que en algunos casos serían hijos del funcionario, aprovechando su condición habrían negociado pagar las tasas o bien sólo el capital, y que se les perdonaran los intereses, o en cómodas cuotas", opciones que jamás les habrían sido ofrecidas al propietario original, añadió Carnevale.

El ex candidato a concejal señaló que la comisión investigadora debería también indagar "si esto fue hecho a nivel individual, en cuyo caso el delito sería abuso de autoridad, o si fue todo un grupo", lo que configuraría el delito de asociación ilícita.

Más adelante, el ex secretario del ex diputado Isidoro Laso marcó que "pruebas" no poseen, de lo contrario estarían "presentando una denuncia en la Justicia". No obstante, "creemos que esta gente es suficientemente inteligente, por sus profesiones y demás, como para hacer jurídicamente las cosas prolijas. Por eso para estas cosas se utilizan testaferros y demás, entonces lo que hay que hacer es investigar quiénes son". Las dudas se despejarían investigando "a nombre de quién están las propiedades", y evaluando "si esas personas tendrían solvencia patrimonial para adquirir esa propiedad", dijo Carnevale.

¿Quién integraría la comisión investigadora?

Carnevale: -Proponemos que sean cinco concejales, y que estén representados todos los bloques del Cuerpo. Y les decimos adónde ir, no proponemos crear la comisión y punto. Les sugerimos ir al Colegio de Escribanos de la Provincia; al Registro de la Propiedad; a ARBA; a Catastro; averiguar qué agrimensor o ingeniero de Bolívar, facultado a realizar el estado parcelario que la ley exige previo a cada escrituración, cumplió esa tarea; quién le encargó el trabajo a ese agrimensor, cómo y a quién se lo facturó; quién pidió el medidor de luz; a nombre de quién están los servicios de esa vivienda y qué documentación presentó esa persona a la hora de requerir esos servicios.

Por otro lado, facultamos a la comisión a que cite a vecinos a declarar. Decimos que tiene que haber un secretario en la comisión que lleve un libro de actas donde tome nota de todo lo que sucede. El vecino podría aportar la información que tenga, aunque no sea una prueba que jurídicamente invalide a alguien. Seamos ciudadanos: ejerzamos ese derecho que tenemos, no nos quedemos en el chusmerío cuando barremos la vereda. No vamos a tener ninguna consecuencia por eso.

Yo he escuchado a concejales que han transmitido estas dudas en los medios, lo que pasa es que nunca se le dio una forma al tema, nunca se institucionalizó.

A propósito: ¿qué rol creen que adoptará el poder político local, más allá del gobierno municipal? Hablo del buquismo, el PJ del escudo, la Coalición Cívica, la Agrupación Rodolfo Walsh. ¿Todos ellos estarán de acuerdo con investigar, o puede haber una reacción corporativa?

Carnevale: -Sería muy triste.

Mosca: -Los que pretendemos actuar en política, nos veríamos muy decepcionados si cuando existe la posibilidad de hacer algún tipo de investigación, no la hacemos. ¿Qué mejor que hacer la investigación y determinar un resultado? Así se terminarían las inquietudes al respecto. No debemos tener miedo, si hemos actuado correctamente.

Carnevale: -Yo creo que hasta el propio radicalismo va a investigar. Muchos de los militantes, concejales y funcionarios actuales del Ejecutivo municipal, no tendrían nada que ver con este tipo de mecánica. O sea que si ellos quieren salvar su buen nombre y honor, a ellos mismos les viene bien investigar para saber realmente quiénes son. Porque no sería una cantidad exagerada de personas que han hecho esto, sino un círculo muy pequeño, entonces no tienen por qué pagar un costo ético y moral, en una sociedad pequeña como la nuestra, todo un partido político, todo un bloque o toda una gestión municipal.

El plazo de trabajo hasta la emisión de un dictamen que el proyecto del Pro asigna a la comisión, si es que se crea, es de ciento ochenta días.

Por último, Mosca y Car-nevale dejaron a disposición de todos los interesados en aportar sus testimonios, el mail

prociudadano@yahoo.com.ar, los respectivos facebooks de ambos y los teléfonos celulares 1562-0979 y 1562-7445. "Si la comisión investigadora no se crea, no funciona o no hace nada", de todos modos el Pro presentará una denuncia a la Justicia, si evalúa que así lo ameritan "las denuncias que la gente nos haga, la información que nos aporte, la documentación y demás", adelantó por último Carnevale.

José Castro.