La Resolución impulsada por diputados de la oposición consiste en un pedido de informe al Poder Ejecutivo respecto del “proceso de pase a planta permanente del Estado provincial, establecido por la Ley 6655, decretos reglamentarios de la misma y sus modificatorias, en relación a Juan Manuel Chapo, Emilio Avelino Goya, Marcela Inés Acquisgrana, Marcos Antonio Verbeek, Mauro Flores, y Diego Bernachea”.

La norma solicita documentación justificatoria en relación al nombramiento de los agentes mencionados, en particular las actuaciones, y toda otra documentación que acredite la observancia de los requisitos establecidos por Ley nº 6.655 y sus decretos reglamentarios; documentación por la cual se designa a los agentes mencionados en cargos o funciones de naturaleza política, a partir del 11 de diciembre del año 2007; y si al momento de la designación, los citados agentes, revistaban como personal de gabinete o como personal contratado de obra o de servicios.

Los autores explican que “motiva esta petición, la necesidad de transparentar los procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública Provincial, atendiendo al estricto cumplimiento de la Ley Provincial nº 6655, que reglamenta las incorporaciones como empleados estatales a los ciudadanos que cumplan con estos requisitos, así como también, el cumplimiento de la Ley nº 5.428 de Ética y Transparencia en la Función Pública”.

El debate

El tratamiento del pedido de informe generó un fuerte cruce entre diputados del oficialismo y la oposición, donde no faltaron las chicanas, los pases de facturas y las reminiscencias de gestiones anteriores.

El diputado Carlos Martínez, coautor de la iniciativa, destacó que “el propósito del mismo es lograr información precisa y documentación respecto al proceso de pase a planta permanente del estado provincial Ley 6655, con relación a varios funcionarios; esta información es vital para que podamos avanzar en saber cómo fue posible que estos funcionarios actuales, políticos, pudieran lograr estabilidad laboral conforme a una norma que fue pensada e ideada, sancionada y promulgada pensando en los trabajadores precarizados de la administración pública del Estado Provincial”.

“Es un pedido de informe hecho con objetividad, para llevar transparencia al procedimiento y dar respuesta a esta preocupación de los trabajadores precarizados que se ha intensificado luego del veto a la prórroga de la Ley de pase a planta, esperamos contar con esta información de forma tal que podamos estar tranquilos de pensar que las normas que aprobamos para lograr la estabilidad laboral de agentes estatales, y que estos funcionarios políticos confirmen que eran trabajadores precarizados y llegaron a planta por la Ley 6655 y el decreto reglamentario”.

Por su parte, Ricardo Sánchez, titular del Bloque Justicialista, recordó que Capitanich, cuando asumió como gobernador, “estaba convencido de que la oposición debía tener la información que requiera, es parte de la tarea de la oposición pedir informes y por eso nos dio su parecer de que, cuando de pedidos de informes se trata, hay que abrir las puertas para que pregunte la oposición sobre cualquier área del Estado, y en esa línea se encuentra el actual gobernador”.

“Vamos a acompañar, a pesar de una clara intencionalidad política en el pedido de informe, en el entendimiento de que cada uno de los nombrados fue en forma regular y no como excepción y privilegio político alguno, sino que adquirieron estabilidad porque les corresponde”.

Luis Verdún, por su parte, destacó “el gesto y la coherencia de permitir esto que es una atribución que tenemos todos los legisladores, fundamentalmente aquellos que estamos como oposición, de pedir informes acerca de algunos actos de la gestión del gobierno, y creo que este pedido es importante”, aunque sostuvo que “hablar de direccionamiento político me parece que no es adecuado porque estamos haciendo un pedido de informes sin acusar a nadie, estamos indagando la forma en que fueron designados aquellos que perteneciendo al gobierno cambiaron de situación de revista”.

Mirta Morel se sumó a las expresiones del diputado Sánchez, asegurando que “es saludable conocer, he escuchado algunos términos vertidos, tan interesante hubiera sido que le preguntaran a Cotichelli como llegó, a Camargo, como llegaron a SECHEEP” y recordó que “hay un sistema administrativo que permite que las empresas tengan un régimen diferente más allá que en los considerandos se mencione a la norma 6655”.

Enfatizó, por otra parte, que “estas personas si están encuadradas dentro de la ley 6655 tienen el derecho de pasar a planta, y hay que recordar que la 6655 es tan clara en su contenido que en el proceso de pase a planta se fueron incorporando en función de lo que establecía la norma primero los contratados de obra, de servicios, y otros y luego quedaron los conveniados y becados con situación diferente, con estas aclaraciones, me sumo a esta acompañamiento”.

Hugo Domínguez señaló que “se habla de coherencia planteando que los trabajadores que esperan el pase a planta tienen el derecho, pero por otro lado se veta la ley de prórroga” y se refirió a lo expresado por Sánchez sobre la postura de Capitanich en relación a los pedidos de informes “hubo instrucciones claras del jefe político de cómo deben actuar, de que está bien o qué está mal, cuál debe ser la conducta, se ve que la conducta indica que tienen que tener privilegios los funcionarios, pero aprobar esto no debe ser una instrucción del jefe político sino una obligación que tienen los legisladores”.

Además, Domínguez mencionó los casos del reciente ascenso del secretario de Seguridad, Marcelo Churín, de comisario inspector a mayor, y el del pago por parte del Estado del alquiler de la casa donde vive la actual ministra de Gobierno, María Lidia Cáceres, a quien apuntó también por haber pedido licencia como diputada en lugar de renunciar al cargo, tal como lo hicieron otros legisladores ante una situación similar.