"Hay que esperar que hable el juez por se sentencia, sino no tememos nada”, dijo un empresario minero que contribuyó a mantener el mutismo en torno a la presentación a la justicia que hicieron ante la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares.

De acuerdo a lo que aducen, de momento se mantendrán callados para no develar todas las acciones estratégicas que se han planificado para ir contra esta norma que fue promulgada la semana pasada y que sin dudas lesiona derechos constitucionales de las provincias y del sector privado en particular.

De acuerdo a lo que se supo, en la mañana de ayer a las 8.30 en el Juzgado Federal que conduce el doctor Miguel Galvez se hizo un pedido de declarativa de inconstitucionalidad por parte de la CGT, AOMA, CASEMI, la Cámara Minera y la Cámara Argentina de la Construcción.

Esta es una de las primeras acciones que se han organizado para ir contra esta norma que lesiona los derechos de las provincias de sancionar su normativa respecto a los recursos naturales.

Tiene que marcarse que la ley fue promulgada el jueves pasado y desde ahora corren 90 días para la reglamentación de la misma. Vale marcar que una de las estrategias que se barajan es hacer un fuerte trabajo en lo que tiene que ver con la reglamentación de la norma de modo que pueda corregirse los graves problemas de ambigüedades que en la actualidad tiene y que son plausibles de una judicialización tal cual lo han hecho las cámaras empresarias y los gremios en particular.

El pedido de esta declarativa de inconstitucionalidad que tiene, de acuerdo a lo manifestado por algunos referentes del sector, más de 70 puntos, fue presentado por las Cámaras y los Gremios de modo que la justicia federal en primera instancia pueda dictaminar y luego esto seguramente será elevado a la Suprema Corte de Justicia. La realidad es el tiempo que demore en dictaminar el órgano supremo de la justicia nacional, será usado por las empresas para seguir trabajando normalmente, lo que le dará la posibilidad de seguir adquiriendo derechos en el tiempo.

La realidad habría sido diferente si la presentación la hubiera hecho la provincia, estas como tal tienen que recurrir de manera directa a la Suprema y de esa forma se habrían limitado la posibilidad de seguir trabajando en distintas acciones.

De todos modos los actores del sector productivo tienen muchas expectativas de obtener un dictamen favorable del magistrado federal, pues han tenido que hacer concienzudas argumentaciones donde dan en detalles cuales son los problemas que se producirán si la norma tiene vigencia tal cual está planteada desde el origen por el porteño Miguel Bonasso.