El conflicto se agrava con el pasar de los días ya que no solo no se han puesto de acuerdo ambas partes para lograr un consenso, sino que desde la gobernación se ha cerrado la mesa de diálogo habiéndose dispuesto un aumento del 22% para las categorías más bajas y del 21% para las más altas, algo que fue inmediatamente rechazado por los empleados que reclaman subas que ascienden al 35%.

Al agravarse la disputa entre ambos actores, desde el gremio se han tomado medidas de fuerza recurriendo al paro de actividades con el fin de lograr reactivar la negociación por la puja salarial. Ante esto, Miguel resaltó que “es responsabilidad del Gobernador llamar al diálogo para lograr una pronta resolución de este conflicto, en el que ambas partes puedan llegar a una salida producto del consenso, y no imponer una cifra arbitraria como la que recrudeció la disputa”.

Según el legislador, “más allá de quien tenga la razón, hay una necesidad social de brindar una solución a esto ya que los Tribunales se encuentran fuera de servicio, lo cual sumado a la congestión de expedientes que existe en estos organismos resulta en una problemática de mucho mayor magnitud que no será fácil de revertir”