El bloque de diputados de la UCR pidió el enjuiciamiento por mal desempeño de la jueza Giselle Verónica Drovandi por la sentencia donde se impuso una multa de dos millones de pesos a varios periodistas y medios de comunicación en beneficio del gobernador Gildo Insfrán.

Los legisladores sostienen la sentencia favorable a Insfrán, impone a los periodistas una millonaria multa civil o “indemnización punitiva”, sin ningún respaldo legal, ya que el Código Civil no permite aplicar semejante condena “ejemplificadora”.

“Consideramos –dicen los diputados de la UCR- que la jueza Giselle Verónica Drovandi se prestó dolosamente para imponer, en una causa por daños y perjuicios, medidas cautelares de censura previa y una sanción punitoria millonaria abusiva e ilegal, a sabiendas de que semejante fallo no tiene sustento normativo alguno”. 

Según los legisladores, la jueza Drovandi actuó “en colusión con los organizadores de una maniobra política orquestada para silenciar a periodistas y medios de comunicación independientes”.

Los denunciantes señalan que la jueza primero dispuso una medida cautelar de censura previa, prohibiéndole informar a los periodistas y medios de prensa demandados, y luego, dictó un “fallo ejemplificador” para atemorizar con sanciones millonarias a los medios de comunicación independientes; una sentencia “mordaza”, que silencie las voces críticas en Formosa. 

Denuncian que la jueza Drovandi invadió “una materia que es de estricta jurisdicción federal, conforme lo establece la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En tal sentido, el art. 163 de esta ley establece claramente que las jurisdicciones provinciales “no podrán imponer condiciones de funcionamiento … que dificulten la prestación de los servicios reglados por la presente ley”.

Los legisladores de la UCR comparan “la exorbitante suma de 2 millones de pesos concedida como resarcimiento por daño moral a Gildo Insfrán, con los montos otorgados por igual concepto en otros procesos civiles tramitados en los juzgados civiles de nuestra provincia, para advertir la desmesura y arbitrariedad en la que incurrió la jueza Drovandi”.

Indican detalladamente numerosos casos donde los Tribunales formoseños otorgan sumas mínimas en concepto de “daño moral”, como por ejemplo, en el caso de la muerte de una madre de cinco niños, que falleció a consecuencia de una descarga eléctrica en la Sala de Primeros Auxilios de la Colonia Sarmiento, en el interior de la provincia, “luego de 15 años de litigio, el 28/11/2013, la Cámara de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia, otorgando la suma de $30.000 por daño moral a cada niño, lo que representa actualizada, $44.631 por resarcimiento por ese concepto y otros $12.000 por “Valor vida” ($17.852 actualizado)”. 

En total, a cada hijo huérfano, la Justicia dispuso que el gobierno de Formosa le debe pagar la irrisoria suma de $62.483 por todo concepto (Valor vida + Daño moral) por la muerte de su madre.

Siguen diciendo los diputados de la UCR: “Todo esto demuestra que fueron altos funcionarios del Gobierno provincial los que, conociendo de antemano que se iba a producir la llamada injuriante, preconstituyeron la prueba contratando la grabación en una escribanía, disponiéndose esto en un nivel tan alto del Poder Ejecutivo, que instruyeron a un funcionario de rango de Director (Walter César Rodas) con tal cometido”.

Los diputados denuncian que su actuación en este proceso “constituye mal desempeño en su magistratura, por haber vulnerado y menoscabado el ejercicio de la Libertad de Expresión en nuestra provincia, que es requisito indispensable para la existencia misma del sistema democrático, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: No hay democracia sin libertad de expresión”.