"Según los cálculos de especialistas privados, entre los comercios e industrias apenas un 1,5% tendrá una boleta de gas 10% más cara, en tanto que no se aplicarán aumentos al GNC y las centrales de generación eléctrica que necesitan de gas natural para su producción", señalan los diputados opositores, y aseguran que "con los incrementos que ya entraron en vigencia, el gobierno estima que ahorrará $1.400 millones en subsidios. Es decir que ahora saldrá de los bolsillos privados (y no públicos) el costo del gas importado", o dicho de otra forma, "los hogares de mayor consumo y algunos pocos grandes consumidores (1,5% de los comercios e industrias) le pagarán a la industria un gas a costo argentino, aunque por el déficit de producción -especialmente en invierno- venga de otros destinos a precios cuatro, seis y hasta ocho veces mayores".

Según los legisladores, con este decreto, el gobierno nacional "está violando un precepto constitucional básico, como es la facultad exclusiva que le cabe al Congreso de la Nación para establecer tributos, por ello el Decreto 2067/08 debe ser anulado por ilegitimo y arbitrario, ya que ha sido dictado por un órgano (PEN) que no tenía competencia material para hacerlo".

Por todo esto, en el artículo primero, señalan que "La Cámara de Diputados de San Luis expresa su Absoluto Rechazo al aumento abusivo, ilegal, ilegítimo y arbitrario de la tarifa del gas natural, dispuesto a través del Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional, por entender que dicha decisión constituye una facultad exclusiva del Congreso Nacional", mientras que en el segundo deciden "Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata Derogación del Decreto Nº 2067/08, gestionando ante las empresas proveedoras del servicio, la devolución de los montos cobrados en virtud del referido aumento", para lo cual disponen que se envíe "de la presente a Presidencia de la Nación, Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación y Defensoría del Pueblo de la Nación".