El llamado de atención se produjo después que el titular del Codema, Oscar Echeverría, dijo a la emisora local KM FM que el estado debe condicionar el cumplimiento de la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a la ecuación costo-demanda. El funcionario sostuvo que la apertura del camino al lago Escondido desde Tacuifí plantea un costo que "no es razonable para la necesidad". En tal sentido explicó que la nueva traza demandará la expropiación de franjas de terreno en varios campos privados y la construcción de tres "costosos puentes". En contrapartida informó que el Codema lleva tres semanas trabajando en el mejoramiento del sendero de montaña abierto en ese sector.

Ante estas declaraciones la legisladora pidió al STJ la "aplicación del apercibimiento" dispuesto en la sentencia que hizo efectivo el amparo colectivo dado que el Codema y Viarse no cumplieron aún el mandato judicial que los obliga a "dotar de medidas de seguridad y transitabilidad" a ese camino.

El fallo, emitido a fin de julio pasado, estableció un plazo de 120 días para completar los trabajos de señalización y medidas de seguridad en el camino que comienza en Tacuifí, y dispuso la aplicación de astreintes o multas diarias ante posibles demoras o incumplimientos.