Las declaraciones del legislador oficialistaReneé Ramírez, quien admitió que cobra $ 150.000 para otorgar los subsidios conocidos como “gastos sociales”, generaron movimientos en la causa que investiga una posible evasión impositiva mediante el sistema de ayudas a personas e instituciones.

El abogado Oscar López, ex candidato a una banca por un acople del Acuerdo para el Bicentenario, amplió la demanda que había formulado en marzo ante la Justicia Federal. El jueves presentó un escrito ante el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito. En el texto incorporó copias de los dichos de Ramírez que salieron publicados en la edición del lunes de LA GACETA, y pidió que el dirigente manzurista -también secretario general de ATSA- y sus pares del cuerpo colegiado sean citados a prestar declaración indagatoria. La solicitud alcanza también a autoridades políticas y administrativas de la Cámara.

“Ha quedado probada la consumación del delito de evasión impositiva, tanto por parte del Poder Legislativo, que incumple con su obligación legal-fiscal de actuar como agente de retención impositiva, como por parte de Ramírez, que omitió efectuar los aportes impositivos, ingresando de lleno tanto el cuerpo legislativo como el legislador en la tipología de los delitos denunciados”, señaló López.

En otro párrafo, el denunciante le pidió al fiscal federal que cite para prestar testimonial a los legisladores que no manejan recursos para supuestos subsidios. Hasta ahora, sóloEudoro Aráoz (bloque UCR) y Luis Brodersen (bloque PRO-A) expresaron de forma pública que no participan de ese régimen de ayudas económicas. Incluso, tramitan sendas demandas en el fuero contencioso administrativo por los gastos sociales.

La Constitución provincial establece la dieta como única remuneración legislativa. El monto ronda en la actualidad los $ 30.000 mensuales. La sospecha de López es que los representantes del pueblo utilizan el régimen de subsidios para ocultar sus haberes y evadir impuestos.

El escándalo estalló a partir de una serie de notas que publicó LA GACETA desde noviembre de 2015. Mediante fotos y otros documentos, se reveló que un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba a menudo en una sucursal bancaria céntrica y de allí retiraba la plata en valijas. En cada una entraban hasta $ 6 millones. El año pasado, que tuvo elecciones provinciales y nacionales, el Poder Legislativo repartió $ 615,6 millones de la partida Transferencias, que incluye los gastos sociales y otros subsidios (es decir, el 40% de los fondos anuales). Este año la partida inicial está fijada en $ 150 millones, pero el sistema de ayudas sociales en efectivo está siendo revisado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y por los jefes de los bloques políticos.

“No alcanza para nada”

El peronista Ramírez ratificó días atrás, en diálogo con LA GACETA, que maneja $ 150.000 al mes para gastos sociales . La repercusión por estos dichos llevó a que se tratara el tema de los subsidios en el recinto, en la sesión del jueves. La semana pasada, sin embargo, el legislador manzurista ya se había pronunciado en ese sentido en una entrevista con el programa “Buen día Concepción” (Radio Concepción). “Para mí, que tengo amplios compromisos, no sólo por la cuestión política sino también gremial, es insignificante. Es muy poco. No alcanza para nada con los costos, que están hoy por hoy muy elevados”, dijo Ramírez sobre los $ 150.000. Luego, justificó el reparto de esos subsidios en las carencias que detecta en los barrios y en los pedidos que le llegan. “La gente hoy por hoy no llega a fin de mes (...), la gente necesita comer”, indicó. Y destacó que aporta desde materiales de construcción y colchones hasta medicamentos y alimentos.

“Nosotros llegamos (a la banca) con partido propio, el Frente Solidario Laborista (acople del FPV); no llegamos en una lista sábana. Y obviamente tenemos nuestros propios compromisos, y hay que trabajar el terreno, con esos compromisos que uno va adquiriendo a lo largo de la campaña”, relató Ramírez. Y garantizó que se hacen rendiciones porque “los gastos sociales están por ley”. “Rendimos cuentas todos los meses, con DNI, a quién se le da, adónde van. Y está en la moral de cada uno; obviamente yo hablo por mí. Está en la conciencia de cada uno”, insistió el manzurista.