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26/12/2012 10:52 PM | Luego que desde el PRO presentaran una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la ley 8.541 (sancionada el 7 de noviembre pasado) que autoriza al Instituto de la Vivienda a utilizar la contratación directa para la ejecución de soluciones habitacionales, la Corte Suprema de la Provincia corrió vista al Ministro Fiscal, Luis De Mitri, a fin de que este dictamine sobre la competencia del Máximo Tribunal para entender en la causa.

El planteo elevado por el legislador Alberto Colombres Garmendia (foto), y el apoderado partidario Arturo Forenza (h), establece que la normativa en cuestión legisla en flagrante violación a lo determinado en el artículo 12 de la Constiotución tucumana y a la Ley de Administración Financiera, instrumentos en los cuales se especifica como procedimiento a seguir la licitación pública.

A su vez, junto a dicha acción se estimó necesario el dictado de una medida cautelar de no innovar a los efectos de que el Poder Ejeutivo se abstenga de aplicar la ley.

“Descontamos que el Máximo Tribunal resolverá entender en la causa debido al alcance general de la norma impugnada, pero advertimos que sería muy grave que la Corte no se expida sobre la medida cautelar solicitada hasta este viernes ya que es el último día hábil en Tribunales. Si la Corte no resuelve esta semana dejará a la libre discreción de un funcionario, mediante una Ley viciada de inconstitucional, el manejo de fondos públicos de todos los tucumanos”, consideró Colombres Garmendia.

“No tenemos duda que la Corte terminará declarando la inconstitucionalidad de esta ley”, sostuvo confiado el parlamentario.