Diputados y senadores del bloque FPV–PJ se presentaron ayer ante la Fiscalía Federal, donde solicitaron la iniciación de oficio de una investigación penal preparatoria por los dichos del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, a los fines de que aclare y presente pruebas sobre la vinculación que realizó entre el proyecto de ley para expropiar el Casino y la supuesta intención de “blanquear” dinero, y cerrar la “escala de producción” de droga.

En el escrito presentaron las distintas crónicas periodísticas en que Brizuela del Moral, durante un plenario del Movimiento Renovador de la UCR, afirmó: “Cuando venía me preguntaba una persona si no es sugestivo que con el tema de las drogas falte un casino para blanquear; y están por expropiar el casino; con eso cierra, me decía, la escala de producción…y Alanís no aparece”.

Los legisladores firmantes Cecilia Guerrero, Guillermo Andrada y el senador Ramón Figueroa Castellanos, sostienen que el exprimer mandatario realiza la acusación “sin ningún tipo de prueba”, a partir del comentario de un “vecino” que nunca identificó. Al mismo tiempo, sostienen que el ahora diputado nacional “no habría transmitido a los militantes que lo escuchaban un rumor de tal envergadura si no tuviera certeza de los dichos de este supuesto vecino”.

“Si tiene conocimiento fehaciente de posibles hechos de narcotráfico y/ o de presunto lavado de dinero, Eduardo Brizuela del Moral, en su condición de diputado nacional, resulta comprendido en la obligación legal de formular denuncia penal -tal como se encuentra establecido respecto de todo funcionario público en el artículo 177, Inciso 1º, del C.P.P.- e identificar como testigo a la persona que le habría transmitido tal aseveración, como así también aportar todas las pruebas que demuestren la veracidad de los hechos que intenta atribuir al gobierno de la provincia de Catamarca”, sostienen en el escrito presentado ante la Justicia federal.

En ese orden sostienen que, desde el día en que vertió tal comentario hasta la fecha, Brizuela del Moral no cumplió con su obligación ante la justicia de denunciar penalmente el supuesto delito.

Ante ello, afirman que la citación al diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral se impone necesariamente para que declare ante la Justicia federal sobre la identidad del supuesto vecino al cual le atribuyó tales manifestaciones, precise su domicilio real, explicite las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las mismas fueron realizadas, y de presunta comisión o tentativa de comisión de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, e individualice a las personas que pudieran encontrarse involucradas en los mismos.

Además, que “aporte a la Justicia las pruebas en las cuales pudiera sustentar sus afirmaciones, porque tiene la obligación legal de formular la denuncia penal en su condición de diputado nacional”.

De lo contrario, afirman, “se estaría simplemente ante ligeras e irresponsables manifestaciones de un funcionario público al cual la población le ha encomendado por el voto popular la altísima dignidad de representar a Catamarca ante la cámara de Diputados de la Nación”.

“Manifestaciones que, además, han lesionado el honor y el buen nombre de quienes integramos el gobierno de la provincia, y especialmente de los diputados provinciales, que presentaron o acompañaron el proyecto de ley para la expropiación del Casino”, indican, dejando abierta reserva de acciones legales por el daño moral causado por Eduardo Brizuela del Moral a consecuencia directa de sus manifestaciones.