La defensa del dirigente nacional de la Asociación Bancaria (AB) Carlos Cisneros elevó un planteo al Ministro Fiscal de la Corte de Feria para solicitar el "inmediato apartamiento" del fiscal que investiga la causa por presuntas amenazas de muerte que empleados de la Caja Popular de Ahorros iniciaron contra el sindicalista.

El abogado Gustavo Morales, quien viene representando al gremio bancario en el conflicto político-judicial con el Gobierno en torno al manejo de los fondos de la entidad crediticia estatal, requirió que sea apartado el fiscal Diego Alejo López Avila (IVª Nominación) por considerar que habría incurrido en "una reiteración de irregularidades en el proceso penal".

Además, acusó al instructor judicial de presunta "falta de objetividad y carencia de lealtad procesal", al tiempo que solicitó se decrete el caso como "asunto de feria por configuración de gravedad institucional".

En primer lugar, Morales destacó que Cisneros "apenas tuvo conocimiento por la prensa escrita de que se había efectuado una denuncia penal en su contra se puso a disposición" de la Justicia, mediante un escrito presentado el sábado 1º de diciembre.

Entre otros aspectos, Morales denunció que López Avila "recibió, en fecha 7 de diciembre de 2012, ilegalmente, un escrito que hace alusión a otro expediente: Nº 44/94/476-2012 (sic), sin la firma de quién dice presentarlo, es decir de 'Luis Alberto Germain' y con una firma del abogado Gustavo J. Juárez Collado, quien carece de legitimación para hacerlo". Según el defensor, "en consecuencia, dicho escrito debió ser devuelto inmediatamente y no decretado como -ineficientemente- lo hizo el titular de la Fiscalía de Instrucción de la Vª Nominación".

Morales advirtió en su escrito que "tamaña omisión por parte del titular de la Fiscalía de Instrucción actuante no constituye una cuestión menor, pues se trataba de un escrito en el que se agregaba una supuesta prueba de cargo" en contra de su defendido, a la cual calificó como "un acta notarial falsa".

El abogado de Cisneros también dijo que López Avila "ni siquiera tuvo el celo funcional de advertir que el letrado Gustavo José Juárez Collado -socio del abogado Tomas Robert- se encontraba imposibilitado de actuar en la causa, habida cuenta que había sido designado 'bajo la modalidad de personal de gabinete en planta de personal no permanente en la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán' (sic), en acto administrativo dictado por el interventor Armando Cortalezzi en fecha 5 de diciembre del 2012".

Finalmente, en su denuncia Morales enumeró distintas presentaciones que realizaron los impulsores de la demanda contra Cisneros y que López Avila habría recibido pese a que no contaban con la firma de los propios denunciantes ni de un abogado patrocinante legitimado para actuar en la causa.