La concejal Socorro Villamayor sostiene que el pedido de juicio político presentado contra Rodríguez y los cinco miembros el Tribunal de Cuentas Municipal debe desdoblarse, puesto que para los miembros del órgano de control resulta aplicable la ordenanza 7227, mientras que no existe reglamentación sobre las facultades sancionatorias de sus propios miembros que tiene el Concejo Deliberante según la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Agrega que, a su criterio, no existe obstáculo para sancionar hasta con la expulsión a un concejal según la gravedad de la inconducta.

“El oficialismo actual sostiene que no se puede pedir juicio político a un concejal, pero existen antecedentes que rebaten esta postura. El Concejo Deliberante destituyó a Guillermo Capellán en el 2003 y, con el voto del hoy acusado Rodríguez le abrió el proceso de destitución en el 2006 al ex concejal Carlos Marín con mayoría simple. No podemos interpretar la ley según las conveniencias políticas” afirmó Villamayor.

Para el martes a las 19 horas se encuentra convocada la sesión especial para tratar el pedido de juicio político. Las posturas de los concejales van desde la apertura en relación a todos los denunciados hasta el rechazo por falta de pruebas. Farfán ha indicado donde se encuentran las notas y expedientes vinculados con su acusación, pero no arrimó copias de ellos. Villamayor ha solicitado se requiera toda esa documentación antes del martes.

“Entiendo que cualquier vicio formal puede corregirse y que debemos tomar el peso del pedido presentado. Ya no hay margen para desprolijidades o interpretaciones caprichosas sobre los procedimientos cuando se discute la desaparición de millones de pesos. Además, hay papeles que están en el Concejo, en el Tribunal de Cuentas y en la justicia y que el presidente debe requerir” finalizó la concejal.