Se supo también que desde las esferas policiales se trasladó la inquietud por la vía jerárquica hasta que llegó a conocimiento del ministro de Gobierno provincial y del propio gobernador Oscar Jorge.

Es que nadie desconoce que la sensibilidad social está a flor de piel, provocada por la reiteración de gravísimos hechos delictivos en los que las víctimas son personas mayores a las que se maltrata y hasta se las somete a vejaciones por magros botines.

Los propios interesados han planteado que nadie quiere que se viole la Constitución ni que se avance sobre derechos consagrados.

Los uniformados reiteraron que los casos en los que se ha pedido órdenes de allanamiento son aquellos en los que los elementos reunidos al cabo de la investigación permiten sospechar con semi plena prueba que los domicilios a revisar se corresponden con la morada de quienes resultan apuntados.

Si los jueces impiden que los pesquisas completen sus investigaciones sin encontrar esos objetos que ligan a un sospechoso con un delito puntual, difícilmente se logre en adelante apresar o culpar a nadie de los delitos que sufren los ciudadanos.

Parece tan elemental que hasta resulta insólito que se brinde como argumento para que un juez firme una orden de allanamiento. Y en este punto hay que recordar que hasta ahora no había ocurrido que la policía se quejara de este modo de ninguno de los demás jueces locales.