"Creo que está mal convalidar un acuerdo que está mal hecho", manifestó Forte. "El gobierno pasó de una vergonzosa inacción por veinte meses, sin prorrogar el convenio a una sospechosa acción en la que decidió pagar una suma muy elevada por la sede donde funciona el comedor, sin analizar otras opciones", agregó el diputado.

Este convenio generó una división en el bloque de concejales del opositor Frepam: Patricia Testa rechazó el nuevo convenio con la ONG de Carlos Aragonés, pero sus compañeros de bancada votaron con el oficialismo del PJ. Dijeron que "el acuerdo no era malo" y así se aprobó por amplia mayoría: 11 a 1.

Testa se opuso porque el contrato de uso de instalaciones de la ONG se venció en el año 2009 y el vínculo continuó hasta la fecha sin papeles.

Se aprobó un acuerdo de 35.000 pesos por la deuda de los veinte meses sin contrato, a razón de 1.750 pesos por mes, más los 4.000 pesos mensuales que le costará al municipio mantener el espacio durante todo el 2011. Hay otro dato importante: la municipalidad también aporta el personal, insumos y pago de servicios.

"Es una vergüenza que quienes se consideran grandes defensores de la justicia social como el intendente (Jorge) Tevez, piensen que el rol del Estado debe ser tercerizar la comida de los chicos. Viendo cómo se asiste a los 60 pibes y los 6 ancianos que van al comedor, no se entienden los motivos por los que se decida continuar con un servicio deficitario, que le va a salir más caro al Estado que si atendiera familia por familia, y con una peor contención", señaló Forte. "No quiero suponer que se esté favoreciendo a punteros en lugar de pensar en los pibes".