Habrá chicos y trabajadores de la Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés, la Casa Joven y la Casa de los Niños “Chispita”, las cuales no abrieron sus puertas en lo que va del año porque todavía no pudieron pagarse los sueldos de diciembre y enero de cocineras y educadores (ingresos que rondan los 900 pesos).

“Otra vez tenemos que salir a la calle para pelear por los derechos de los chicos y las chicas de nuestros barrios. Una vez más, como nos enseñó Carlitos Cajade, debemos levantar las banderas para decir que no necesitamos cuidarnos de nuestros pibes, sino que tenemos que cuidar a nuestros pibes”, anunciaron los integrantes de la obra en el comunicado de convocatoria.

Allí plantea que el Gobierno bonaerense le debe a la obra cientos de miles de pesos y la asfixia financiera obligó a no abrir en lo que va del año los cuatro centros de día mencionados.

“No son comedores ni merenderos, son centros comunitarios que además de brindar suplemento nutricional a bebés y alimento para niños, niñas y adolescentes, se encargan de acompañar sus proyectos de vida. Están en barrios donde todavía el Estado sigue ausente porque no alcanzan los programas y planes sociales”, denuncian.

Y agregan que el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños no funciona como lo marca la Ley 13.298, por lo que hoy “son emprendimientos como los nuestros los que cubren muchas de las necesidades elementales de los barrios. El gobierno bonaerense lo reconoce y por eso firma convenios para delegar esa función en organizaciones como la nuestra”.

Hablan entonces de un “abandono criminal”, porque el monto de las becas de esos convenios se mantiene congelado desde hace 5 años y la falta de regularización en el pago elevó la deuda a varios meses.

“Hoy la situación llegó a un límite. Todavía no pudimos abrir las casitas y no tenemos recursos para pagar los miserables sueldos que cobran cocineras y educadores, un trabajo que no es reconocido por el Estado. Ese dramático contexto alcanza al Hogar convivencial, el corazón de nuestra Obra, donde viven chicos y chicas que por distintas razones no pueden vivir con sus familias y desde hace meses se mantiene casi sin dinero”, afirman.

EL CONTEXTO. En el tramo más profundo de la convocatoria, los responsables del hogar aseguran que no van a permitir que los jóvenes sigan siendo noticia únicamente cuando cometen un crimen o cuando los mata la policía, en casos de gatillo fácil.

“En tiempos en que la llamada ‘inseguridad’ domina la agenda política y mediática, es necesario ampliar ese concepto y entender que no hay seguridad posible con barrios con derechos vulnerados”, dicen, y citan el informe estadístico del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni que revela que la mayoría de los crímenes se concentra en zonas urbanas pobres.

“Zaffaroni dice que quienes viven en esos lugares se ven obligados a volcarse a una ‘economía violenta de subsistencia’ donde entra la venta de drogas y la corrupción policial, entre otros factores. Según su visión, la única solución al conflicto es la transformación de esos barrios, la urbanización y el acceso a los servicios”, aseguran.

Por eso, rechazan las policías comunales y las campañas comerciales para reclutar nuevos efectivos a las fuerzas de seguridad. “Necesitamos restituir derechos y eso es lo que intentamos hacer día a día nosotros y cientos de organizaciones como la nuestra”, concluyen.

EL MENSAJE DEL CURA. “Marchamos después de mucho tiempo y ahora sin ‘el viejo’, Carlitos Cajade. Todavía falta mucho para cumplir con su sueño de cerrar por decisión propia el Hogar y las Casitas para que cada chico esté en su casa, comiendo el pan ganado con el laburo de sus padres”, dicen sus herederos, y gritan que el gobierno bonaerense abandona a sus pibes.

Además del pago de la deuda, reclamarán el aumento del monto de las becas, congelado desde 2009; el reconocimiento de los trabajadores; el cumplimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños (Ley 13.298); la implementación de servicios locales para todos los barrios, con recursos y trabajadores no precarizados.

También reclaman “protección y no represión”, y para ellos declaman “basta de gatillo fácil” y justicia por Omar Cigarán (17), Rodrigo Simonetti (11), Maximiliano de León (14), Franco Quintana (16); Axel Lucero (16); Bladimir Garay y Brian Mogica, quienes fueron asesinado en el último año.