El acuerdo se alcanzó en la filial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, donde se dio plazo hasta el miércoles para cumplir con los nueve puntos detallados.

Caleta Olivia (agencia)

Antes de retirarse, los petroleros que inicialmente no respondían a ninguna institución gremial, firmaron un acta acuerdo en la filial del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de esa localidad ante la presencia de la escribana María Alejandra Parra, con Eugenio David Mella, colaborador del interventor Carlos Flaquier. Por el grupo disidente el documento fue rubricado por “los colaboradores” Víctor Oñate y Hernán Elorrieta, además de los delegados Omar Leguizamón, Fabián Zúñiga, Rubén Uribe, Oscar Cuello, Nancy Gómez, Rubén Sánchez Salazar, Oscar Sepúlveda, Claudio Vidal y Ángel Vargas.

Cabe señalar que en el acta Eugenio Mella tomó conocimiento de nueve puntos peticionados por los ocupantes de la planta LH-3.

Los delegados de la Federación se comprometieron a tratar estos temas frente a la operadora YPF, sin que este acta signifique un acuerdo en forma directa con la operadora.

Se dio un plazo en el documento hasta el miércoles para que se efectúe el cumplimiento al siguiente petitorio donde se detallan nueve puntos que son “efectivizar pagos de salarios a personal de Oleosur y reincorporar al personal faltante, entre los que se encuentra Víctor Oñate; garantizar el pago de sueldos, la Resolución Ministerial 325 y aguinaldos correspondiente al personal de todas las empresas de Las Heras; dejar sin efecto telegramas de despidos, intimaciones y suspensiones; garantizar desprocesamiento de los delegados gremiales en su conjunto; reconocimiento del ticket de los días sábados para todas las empresas; tratar el tema del personal “excedente” y stand by a resolver en corto plazo; tratar indemnización y traspaso de la empresa Quintana; frenar cualquier posible represión para evitar posibles enfrentamientos con la fuerza pública y finalmente la reestructuración de la obra social (reincorporación de Franco Herrera)”.

Luego de firmada el acta, los delegados en conjunto con la escribana y el colaborador del sindicato, se trasladaron a la planta donde se leyó lo firmado y se hizo entrega de una copia al comandante Ortiz de la Gendarmería Nacional, a cargo de la planta.

Los representantes dejaron en claro frente a la escribana y los gendarmes que no se produjeron roturas en las instalaciones, por lo que los petroleros desalojaron la planta LH-3 de YPF, luego de la aceptación de Ortiz.

PERDIDAS POR PRODUCCION

La producción en la ciudad de Las Heras se mantenía interrumpida desde los primeros días de abril, cuando comenzó con un paro dictado por el Sindicato de Petroleros Privados, que en ese momento manejaba Héctor Segovia. Posteriormente los delegados continuaron con una medida de fuerza que llevó a la destitución del secretario general del sindicato.

Esta situación, sumada al conflicto docente y a los piquetes de desocupados, llevó a la región al punto de caer a un abismo económico, social y político por la parálisis de la principal actividad productiva de Santa Cruz.

Inmediatamente de conocida la novedad, la operadora YPF comenzó a estructurar un inmediato programa de restablecimiento de la producción en los yacimientos.

FUERTE OPERATIVO POLICIAL

Luego del levantamiento, se hizo presente en la planta un fuerte operativo policial conformado por no menos de 350 efectivos de la Policía de Santa Cruz. Estos llegaron al lugar alrededor de treinta minutos después de que se marcharan los manifestantes.

El comisario Bordón, que participaba del operativo, informó que se procedió a apagar una fogata que había quedado encendida y que en el transcurso del día se realizaría una inspección ocular para constatar el estado general del lugar.

Las fuentes policiales indicaron que la intención era desalojar por la fuerza a los petroleros, pero la firma del acta evitó que esto sucediera por cuestión de horas.

Los petroleros habían adelantado que una de las intenciones era evitar enfrentamientos con la fuerza pública, para impedir “derramamiento de sangre de las dos partes”.

A pesar de que en el acta figuraba un punto donde se solicitaba “frenar cualquier tipo de represión”, el procedimiento se iba a realizar de todas formas.

Las brigadas policiales estaban compuestas por efectivos de Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, las que contaban con jefes de alto rango.

Por otra parte, la fuerza pública contaba con todo el equipamiento y pertrechos para proceder en casos de motines y con el apoyo de numerosos vehículos que se utilizarían en el procedimiento de desalojo.