Las declaraciones del senador Guinle en relación a que se debe cerrar la conciliación entre PAE y el sindicato para volver a la normalidad ponen de relieve lo que parece ocurrir en aguas profundas de la relación entre la operadora y el gobierno provincial.
Días pasados, el ministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré recordó que la operadora se había comprometido meses atrás, cuando se gestionaba ante Nación una respuesta que finalmente derivó en la norma antes mencionada, a incrementar un total de 16 equipos en relación al último trimestre de diciembre de 2012, según las proyecciones realizadas para diciembre de 2013, elevando además de 41 a 68 la cantidad de pozos perforados, al comparar ambos trimestres.
Si se compara contra el primer trimestre de 2012, los equipos en funcionamiento eran 49 y los pozos realizados, 45. La cantidad de equipos es mayor a la de diciembre último, ya que en esa estadística está incluida la baja de actividad concretada en agosto, tras la baja de productividad del conflicto de los dragones.
Más allá de las expectativas positivas que se abrieron en ámbitos gubernamentales y sindicales, en relación al inmediato recupero de equipos tras la puesta en vigencia de la resolución por la que se reconocerán 70 dólares (siempre que la cotización internacional no baje de 80) por cada barril exportado, lo concreto es que el panorama aún no está claro.
Un observador de la industria indicó que el compromiso mencionado por el ministro fue presentado en septiembre, es decir antes de que aprobara la ley provincial de Hidrocarburos. Para conocer la posición de la compañía, de llamativo silencio en las últimas semanas, hay que remitirse a la nota presentada a Legislatura, que desde el arco político se rechazó y llegó a calificar como un “apriete”.
En aquella escueta misiva, la operadora reivindicó a la ley federal de Hidrocabruros como la normativa que rige para el sector, advirtiendo que ninguna normativa provincial podría contraponerse a aquel plexo normativo. La referencia, de modo elíptico, parecía apuntar contra la inclusión en la nueva ley provincial, finalmente aprobada el 27 de diciembre, de un bono compensador que equivale a entre 3 y 4 puntos adicionales de regalías, además de exigencias ambientales y en materia de responsabilidad social empresaria.
No obstante, más allá de que no puede discutirse que el plexo normativo nacional rige para la actividad en general, la misma compañía aceptó la jurisdicción provincial (marcada por la Constitución de 1994 y posteriormente plasmada en la ley corta de Hidrocarburos, del año 2006) al sentarse a negociar con el gobierno de Mario Das Neves en el año 2007.
En resumen, aún no hay certezas sobre la puesta en funciones del parque de equipos que la compañía bajó en agosto último, a raíz de que se aguarda también la reglamentación de la ley provincial y, aparentemente, algún tipo de atenuación o clarificación sobre aquellas exigencias. En las declaraciones de Guinle se lee lo que ocurre aguas abajo: “Esta ley ni siquiera ha sido reglamentada todavía y no puede ser un impedimento o convertirse en un nuevo obstáculo para cerrar la conciliación obligatoria como corresponde, ni utilizar ese instrumento legal como excusa para no volver a la normalidad”, dijo el legislador.
De igual modo, hay quienes recuerdan que también la nacionalizada YPF ha formulado advertencias sobre el impacto de la nueva norma provincial en torno a sus planes de inversión, al tiempo que se recuerda que los dos pozos exploratorios en busca de recursos no convencionales aún no habrían comenzado a perforarse.
De este modo, mientras el gobierno provincial avanza en la renegociación con Tecpetrol y Enap Sipetrol, adaptando los nuevos contratos a las exigencias fijadas por la normativa provincial, lo que tal vez se convierta en activos importantes a la hora de negociar con las compañías más grandes, es decir PAE e YPF, sigue sobrevolando la duda en torno a cómo y cuándo será la normalización del yacimiento más importante del país en volumen de producción y reservas de petróleo.
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