Las fuentes consultadas en el Ministerio de Finanzas admitieron que el Estado provincial abonó la semana pasada las cuotas correspondientes al mes de mayo a los consorcios que tienen a su cargo todos los caminos secundarios y terciarios del interior cordobés.

Las mismas fuentes aseguraron que en concepto de Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural la administración delasotista ya cobró a través del Impuesto Inmobiliario Rural un total de 102 millones de pesos que están disponibles en el Banco Córdoba.

Sin embargo, no se usan para su fin específico -financiar obras y mantenimiento de los caminos rurales- puesto que son utilizados por el gobierno para nutrir el Fondo Único Compensador (Fuco).

En otras palabras, estas partidas que deberían entregarse a los consorcios camineros sirven como garantía para compensar el millonario saldo en rojo que tienen las finanzas provinciales en otros rubros. El Gobierno gasta de más, pero no queda en descubierto porque el Banco “compensa” el déficit con los fondos que se retienen y no se entregan a los consorcios camineros o a los municipios en el caso de la frustrada coparticipación de las multas de la Policía Caminera.

Como la Provincia demora la entrega a la Legislatura de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del año, este caprichoso manejo de las finanzas todavía no se conoció de manera oficial. Aunque no constituye una ilegalidad, este particular uso que se hace de partidas presupuestarias depositadas en el Banco, demuestra con claridad la fragilidad de las cuentas provinciales.

Cautela en la Asociación

En relación al tema, el titular de la Asociación de Consorcios Camineros, Antonio Pica, sólo confirmó el dato que la deuda de la Provincia es de cuatro meses.

No obstante, el directivo recordó que su entidad tuvo que afrontar épocas peores y atrasos en los pagos por más tiempo en la historia reciente de Córdoba. Por ejemplo, durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota, entre 1999 y 2000 la Provincia llegó a adeudar casi un año de pagos, poniendo en serio riesgo la continuidad de los consorcios camineros y la fuente de trabajo para más de 700 personas.