Aunque el secretario de Educación, Néstor Lofrano, ya desechó públicamente la opción de la emergencia educativa, los bloques de la oposición presentaron ayer en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declararla por 180 días. La intención es que, en ese plazo que podría ser prorrogable, se analicen y replanteen los contratos de prestación de servicios de las escuelas municipales.

La primera piedra la había tirado el presidente de la Comisión de Educación, Carlos Arroyo (Frente es Posible), cuando se manifestó a favor de una medida de esta naturaleza, que permitiría al Ejecutivo evitar procesos licitatorios para proveer a los colegios de los alimentos o el mobiliario que necesiten. Lofrano le respondió: dijo que no está en los planes del Gobierno solicitar "semejante disposición".

Pero la puja no terminó allí: ayer, el bloque radical redactó un proyecto para declarar la emergencia y lo hizo firmar por las bancadas opositoras. Según los argumentos que estamparon en la iniciativa, los problemas que describió el secretario en la última reunión de la Comisión de Educación son de índole "estructural, de logística y de adquisición de insumos alimenticios".

Según el planteo, los tiempos administrativos de las licitaciones "son el origen de la imposibilidad que tiene esa secretaría para cumplir con parte de la infraestructura necesaria en cada uno de los establecimientos educativos".

"El incumplimiento de determinados prestadores de servicios hace que el servicio o insumo que ellos prestaban se interrumpa en el tiempo y que, para volver a brindarlo, haya que cumplir con pasos burocráticos que hacen inviables la continuidad ininterrumpida de las meriendas que los alumnos deben recibir", escribió entre los justificativos el radical Nicolás Maiorano, uno de los impulsores de la medida.

El primer artículo de la norma le permitiría al Ejecutivo proponer nuevos plazos en esos contratos y eliminar los costos financieros que pudieran existir "sin afectar la plena vigencia de las remuneraciones o bonificaciones que percibe el personal municipal de carrera, ni su estabilidad en el cargo o sus derechos escalafonarios".

Eso, interpreta la oposición, garantizaría la adquisición de insumos alimenticios y resolvería problemas de infraestructura y logística. De hecho, el artículo segundo posibilitaría contratar o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes; esto es, sin iniciar licitaciones.

"No se puede concebir que por problemas administrativos y sus plazos los niños de nuestra comunidad no puedan acceder a una alimentación básica", cuestionó Maiorano. "Muchos de estos inconvenientes, que repercuten negativamente en el futuro de nuestra sociedad, podrían resolverse contando con herramientas que agilicen la adquisición de insumos", agregó.

Para el concejal, el acuerdo celebrado en 2008 por el cual los estados nacional y provincial garantizan el sostenimiento del sistema educativo municipal hace suponer que la falta de alimentos y los problemas de infraestructura "no se producen por razones económicas, sino por motivos administrativos y de gestión".

Lofrano reconoció las dificultades, pero no cree necesaria la declaración que propone la oposición. "Hay problemas que se están solucionando, como el del mobiliario o las comidas, por lo que no se está en situación de emergencia. Eso sería necesario en caso de que no se produjeran soluciones inmediatas o se registrasen catástrofes", evaluó.