En materia económica, se destaca la posibilidad de “establecer que el Estado Provincial podrá intervenir en la actividad privada, comercial o industrial, efectuar control de precios y asociarse con capitales privados o mixtos y constituir sociedades conforme a las leyes, hasta donde sea compatible con el desarrollo y bienestar general de la población”.

Por otro lado, se aumenta el número de Legisladores a 17, se deja establecido que de ser reelectos, no pueden volver a ser elegidos para el cargo sino con el intervalo de un período legal y la renovación de la Cámara se renovará mitad cada dos años.

El proyecto propone una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el que está integrado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un Ministro del Poder Ejecutivo, dos Legisladores, dos Magistrados, dos abogados, dos trabajadores del Poder Judicial de la Provincia y un ciudadano de la forma y con las condiciones que establezca la ley.

En materia electoral plantea que las elecciones ordinarias se efectuarán dentro de los tres meses anteriores a la conclusión de los mandatos en ejercicio y podrán coincidir con las elecciones nacionales y el sufragio con boleta única y de distintos colores para las diferentes categorías de cargos a cubrir o voto electrónico.

En la fundamentación, la Gobernadora hace referencia a que en el momento de ser sancionada, “no había sucedido aún la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la crisis de 2001, con la caída de las instituciones y el sistema económico argentino. No se había hundido el país en la pobreza y la desocupación, no había sucedido entonces la caída de los mercados de 2008”.

Agregando que, “en los años que siguieron al surgimiento de la provincia y sus instituciones, tuvimos nuestras propias experiencias sociales y políticas, algunas constructivas, otras traumáticas. Las atravesamos teniendo como referencia los principios ordenatorios que fijaba nuestra Constitución, que fueron pensados mirando al futuro, adelantando discusiones que se darían luego nacionalmente, apostando a la construcción de instituciones nuevas en una sociedad que debía construirlas”.

Cabe destacar que, “hubieron cuestiones que se plantearon en la Constitución de 1991 que han evolucionado, otras que simplemente dificultan el accionar del Estado, otras que no han contemplado la participación ciudadana, otras ni siquiera eran problematizadas por entonces”.

“Parte del ordenamiento que estableció la constitución fue pensado teóricamente y el transitar institucional ha demostrado la necesidad de revisarlo y modificarlo. En otros casos los plazos fijados han resultado ser inconvenientes para garantizar la estabilidad institucional cuando no han sido utilizados en desmedro de los intereses ciudadanos”, agrega el texto.

Por último el escrito plantea que “creemos francamente que es el tiempo de revisar los hechos que han sido los cimientos de esa edificación social que construimos y que podemos plantear su adecuación.

Han transcurrido casi 23 años de vida institucional y hay una experiencia acumulada que debe ser evaluada”.

Proyecto de Modificación del Consejo de la Magistratura

Por otro lado, la Gobernadora envío a la Legislatura el proyecto de Ley de reforma del Consejo de la Magistratura, estableciendo la derogación de la Ley N°8.

En el presente proyecto se presentan modificaciones sustanciales al proceso de selección, se incorporan criterios para la entrevista personal, se agrega una etapa de impugnación, se consagra el carácter público de las reuniones y se modifica el plazo de representación de los abogados.

Respecto de las modificaciones que se proponen a la integración estas se encuentran contempladas en el pedido de declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución.

Cabe destacar que Fabiana Ríos, desde el año 2001, presentó diversos proyectos sobre la temática, los cuales nunca tuvieron tratamiento legislativo.

Este Proyecto del Poder Ejecutivo, fue presentado en el ámbito del Consejo Económico y Social, acción que fue resistida desde distintos sectores de la sociedad. Desde el Órgano deliberativo, decidieron realizar audiencias públicas en toda la Provincia.

Luego se conformó una Comisión Redactora, donde finalmente por cuestiones internas, no pudieron lograr un acuerdo, por tal motivo, desde el Ejecutivo, se decidió presentar el Proyecto para que el mismo sea debatido y analizado en el seno de las comisiones correspondientes, con la convicción de que el mismo obtuvo una amplia aceptación de los sectores interesados en la temática.

Al estar la conformación del Consejo de la Magistratura, establecida por Constitución, se remitió al Parlamento fueguino, el proyecto de reforma del sistema de selección, un pedido de reforma parcial de la Constitución, donde se incluye la solicitud de modificación.

En los fundamentos del texto remitido a la Legislatura, la Gobernadora recuerda lo dicho durante el proceso de discusión pública realizado en el segundo semestre de 2013 decíamos:

“Queremos retomar el debate. Ojalá en esta oportunidad asumamos la responsabilidad de pensar los cambios para fortalecer las instituciones de la democracia. Ojalá podamos en esta instancia, sin prejuicios ni mezquindades, propiciar un intercambio y una conclusión que nos permitan concluir en una norma que nos enorgullezca como ciudadanos, en la convicción de que nuestro aporte ha contribuido para ascender un escalón en la ardua e infinita tarea de construir democracia”.