Tomando en cuenta que la provincia carece de una legislación de ética pública que tienda a reglamentar el accionar de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, nuevamente el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) vuelve a la carga con un proyecto de su autoría que estipula la sanción de una norma orientada en este sentido.

Vale indicar que ya en el período pasado en el Parlamento, el republicano intentó que se debata tal iniciativa, pero se encontró con la negativa de la bancada oficialista. El proyecto de Ley enumera los sujetos a los que resulta aplicable, se fija el régimen de declaraciones juradas patrimoniales, sus obligados, contenido y presentación, se establece la condición de idoneidad que los sujetos deben reunir, las incompatibilidades del ejercicio de la función pública con determinadas actividades y el régimen de obsequios, la posibilidad de instruir investigaciones sumarias en supuestos de enriquecimiento injustificado, la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública, funciones e integración con ocho miembros, que durarán cuatro años en su función, designados de la siguiente manera: dos por la Corte Suprema de Justicia; dos por el Poder Ejecutivo Provincial; dos por Resolución de la Legislatura, adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, los que no podrán ser propuestos por un mismo bloque parlamentario; dos por votación popular, a propuesta de los partidos políticos que participen en las elecciones para cargos provinciales.

"La satisfacción del interés público, la persecución del bien común no pueden quedar en el plano de las definiciones, pues constituyen el cimiento de nuestra misma sociedad. Deben considerarse y apreciarse nuevamente, trascender el campo teórico de los conceptos y aplicarse a través de los medios que el Estado de Derecho impone", señaló Bussi en sus fundamentos.