El lunes pasado la presidenta Cristina Kirchner debía inaugurar en Salta, además de una planta fabril, los vuelos de Andes al interior de la provincia y el laboratorio de investigaciones pertenecientes al polémico Cuerpo de Investigadores Fiscales.

El servicio de Andes se puso en marcha como estaba programado, pero las otras dos ceremonias fueron postergadas para mañana lunes.

Llama la atención que se insista con la inauguración de ese laboratorio de investigaciones de la Procuración General, pese a que su forma de creación ha sido cuestionada en la provincia por el foro y por el Colegio de Abogados con argumentos que fueron aceptados y apoyados a nivel nacional por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) reunida este mes en Mar del Plata, y que también originó denuncias en los tribunales locales y en el Juzgado Federal de Salta.

El presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Romani, luego de la declaración que emitió esa asociación, expresó que “La Resolución 133 debe quedar sin efecto, para ser debatida científica y jurídicamente”; entre otras cuestiones la declaración expresaba que se estaba frente a un organismo que ponía en riesgo la inviolabilidad de la garantía de defensa en juicio de los ciudadanos.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fue creado por el Procurador General mediante una resolución controvertida, la N§ 133/10, firmada el 14 de mayo del 2010 y cuyo texto nunca se publicó en el Boletín Oficial, violando lo dispuesto por las leyes provinciales N§ 4337 y N§ 6643. Su contenido fue conocido recién a comienzos de este año a través de El Tribuno. La directora del CIF, Gabriela Buabse, que asumió el cargo el 9 de septiembre del 2010, dijo a los medios, casi nueve meses después de firmarse la resolución, que la falta de publicación “no fue porque no quisimos sino por cuestiones administrativas”. Hoy sigue sin ser publicada.

Además de ello se le adjudica a dicha resolución modificar ilegalmente leyes de la Provincia como la ley orgánica del Poder Judicial, de la Policía Judicial, la ley orgánica de la Policía de la Provincia y el Código Procesal, entre otras. Al rechazo del los profesionales y organizaciones que los agrupan se suman denuncias penales por las facultades que otorga a los investigadores fiscales. La concejal capitalina y dirigente de Derechos Humanos Lucrecia Lambrisca denunció ante la Justicia Federal de Salta que lo dispuesto por la Procuración General es violatorio de la Ley Nacional de Inteligencia N§ 25.520, además de quebrantar de garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y presunción de inocencia. Con anterioridad, Lambrisca había denunciado en la justicia provincial al Procurador General López Viñals por el dictado de la Resolución 133, denuncia que quedó radicada en la Fiscalía N§ 2.

El Cuerpo de Investigadores Fiscales fue también denunciado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ante la legislatura salteña por el abogado Santiago Pedroza, por interpretar que las diversas violaciones de garantías constitucionales y normativas nacionales y provinciales en que incurre el instrumento que lo creó, convierte al CIF en un organismo ilegal.

A la declaración del Colegio de Abogados, que sólo pide que se suspenda la aplicación de la Resolución 133 hasta que la Legislatura dicte las normas necesarias para el CIF, se contrapone la politizada declaración de los Procuradores Generales reunidos en Salta días atrás, que contiene agresivas expresiones y la insólita creación de una comisión de seguimiento para monitorear a esta provincia en el tema. Esto se vincularía con el reconocimiento hecho a un semanario local por López Viñals de haber sido convocado por el Gobierno Nacional: “No siempre sucede que el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández nos convoque y ofrezca un millón y medio de dólares en equipos”, dijo.

Una versión que indicaba que el Presidente de la Corte Suprema a su llegada a Salta daría su apoyo al Procurador General, quedó desvirtuada por él mismo. Ricardo Lorenzetti vino para dar una conferencia sobre los derechos de los usuarios y consumidores, pero tomó distancia de la polémica por la ilegal creación del Cuerpo de Investigadores Fiscales que en la provincia enfrenta al Procurador General con los abogados. “No estoy al tanto y por eso no puedo emitir opinión alguna al respecto”, dijo durante el diálogo que mantuvo con los periodistas.

Este organismo que, conforme la opinión generalizada sería ilegal, es el que viene a inaugurar la Presidenta Fernández de Kirchner, quien durante su campaña en 2007 prometió reiteradamente que, de alcanzar la presidencia, una de sus prioridades sería mejorar la calidad institucional. Los hechos van demostrando que aquella prioridad fue postergada.