De la misma manera que el rechazo social al bolsillazo de Camau va escalando en forma inobjetable, se sabe también que hay concejales dispuestos a desoír el clamor popular. Los "favores" de Camau al otorgar nombramientos en la administración comunal, a familiares directos de los ediles peronistas, le aseguraría al intendente K "tener los votos" necesarios. La ausencia de algunos concejales es la mejor muestra de tranquilidad que reina en las huestes K municipales. Está todo "aceitado".
Como alguna vez los denunciara hace un par de años la ex diputada provincial Araceli Ferreyra -actual miembro del gabinete municipal de Camau- en la célebre frase "toma y daca", hoy la historia parece repetirse pero en distinto escenario.
La llegada de la propia Araceli a "una defensoría del consumidor" en la municipalidad o el desembarco de Mario Payes en una secretaria y el nombramiento en un cargo administrativo en la plantilla municipal de la actual esposa del Concejal Agustín Payes justo en momentos de pleno debate; deja al menos un amplio espacio para el análisis, aunque eso no signifique ninguna sospecha. Llama la atención que los más férreos defensores del "bolsillazo de Camau" sean justamente los Concejales Payes y Gálvez quienes hoy aparecen también vinculados con diversos beneficios personales en el erario público municipal.
La mayoría de los participantes de la audiencia se manifestaba en contra de las disposiciones señaladas por la reforma que promueve el Ejecutivo municipal sobre el índice que cobra por la presentación de sus servicios.
Solamente tres oradores respaldaron la iniciativa que promueve la intendencia, uno de ellos el diputado Carlos Rubín.
Casi la totalidad de exposiciones dejaban por sentado que la medida no sólo afectará a los comerciantes -como dijera el gobierno del municipio- sino que su extensión abarca a todos los contribuyentes.
Temprano en la mañana el recinto dispuesto por el gobierno de la municipalidad se comenzaba a llenar de referentes de organizaciones civiles y sociales listos para dejar en claro su posiciones.
Dirigentes de partidos políticos decían que si sus concejales apoyaban la medida no serían leales a los principios que hacen al ejercicio de su función, ni a los ideales que se sugiere la democracia de partidos políticos.
Dirigentes sociales criticaban al gobierno de la municipalidad por "intentar" lo que interpretan como "un tarifazo" que, a su consideración, resultaría en un "doble ajuste" contra el salario de los trabajadores públicos.
El presidente de la Asociación de la Producción, la Industria y el Comercio, Enrique Collantes, confirmó a momarandu.com que los comerciantes del centro de la ciudad tienen planeado incrementar los precios en góndola su la medida avanza.
Alrededor de 40 participantes intervinieron en la Audiencia Pública por actualización tarifaria, entre representantes de organizaciones empresariales y de comercio, abogados, dirigentes políticos y ciudadanos Si bien las conclusiones no son vinculantes las autoridades deberán explicar por qué aceptan las o desechan
A Uno de los aspectos en debate fue la aplicación de la tasa de Seguridad e Higiene sobre los comercios de la ciudad que la comuna pretende aplicarla con un porcentaje sobre las ganancias del tres por mil, a diferencia de un monto por metro cuadrado de los locales como es hasta ahora. El diputado justicialista Carlos Rubín recordó que el artículo 229 de la Constitución Provincial, que se refiere a la autonomía municipal, plantea que “los recursos propios de los municipios son las tasas y los impuestos que cobra”. “Según distintos fallos de la Corte Suprema se habilita a cobrar distintos impuestos sobre una misma base imponible”, aclaró también el legislador provincial.
Las cámaras empresariales APICC y FECORR repitieron su oposición a la metodología propuesta por el DEM por considerarla inconstitucional, ya que se “trata de un impuesto encubierto sobre los ingresos brutos de los comerciantes”, según palabras de Juan Castro, presidente de FECORR.
El abogado Edgardo López Villagra consideró que “es equitativo y razonable, además de constitucional porque se aplica en otros lados del país y la Corte Suprema no se pronunció en contra”. Igualmente representantes de los pequeños y medianos comerciantes afirmaron que esta modificatoria a la tarifaria “es beneficiosa porque el cambio de determinación de la tasa comercial nos va a permitir pagar menos que antes, ya que será de acuerdo a la capacidad contributiva lo que la tornará más equitativa y justa”
Pero en cambio Horacio Pozzo y Carlos Hernández expusieron la posición contraria al proyecto enviado por el Ejecutivo municipal de los partidos Liberal y Popular respectivamente. Otro que se mostró contrario fue el vicepresidente tercero de APICC, José Devecchi quien pronosticó una “catarata de recursos judiciales y un efecto cascada que volcará los aumentos impositivos a los precios”.
Veas Oyarzo de la Asociación de Usuarios sostuvo que la nueva tarifaria representa un impuestazo a los vecinos y podría ser inconstitucional
La audiencia, la primera convocada por la gestión que administra el municipio, seguirá hasta terminar las 55 presentaciones inscriptas para exponer puntos de vista sobre la medida en el Palacio municipal.
Comentá la nota